Conductor ebrio causa muerte de pareja en Marinilla: las duras sanciones y el dolor de una comunidad

Óscar Iván Mendoza González enfrenta la medida de aseguramiento en un centro carcelario tras ser acusado formalmente de homicidio culposo, después de causar la muerte de dos adultos mayores en un accidente de tránsito mientras conducía en estado de embriaguez. Según lo informado por el alcalde de Marinilla, Julio César Serna, y como lo comunicó la Fiscalía durante las audiencias, el procesado aceptó los cargos, decisión que llevó al juez de control de garantías a imponer esta medida preventiva mientras se define su situación judicial definitiva.

La audiencia judicial se llevó a cabo de manera virtual la mañana del martes, ya que Mendoza González aún se encuentra en recuperación en el Hospital San Juan de Dios de Marinilla, donde fue trasladado tras el accidente sucedió en el kilómetro 44 de la autopista Medellín-Bogotá, concretamente en el sector Los Barandales, a las 7:15 de la mañana del domingo. Este incidente resultó fatal para Rodrigo Giraldo y Marta Dolly Tamayo, una pareja de esposos que, luego de participar en la misa en la iglesia del Sagrado Corazón de la Dalia, esperaban el transporte público para regresar a su vivienda ubicada a varios kilómetros del lugar.

De acuerdo con la autoridad encargada, poco después de ser trasladado al hospital Mendoza González fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado arrojó tercer grado de alicoramiento, es decir, un consumo equiparable a más de diez cervezas, evidencia determinante para la imputación del delito. Asimismo, en el proceso judicial se estableció que la velocidad al momento del accidente pudo haber sido un factor adicional, pues el conductor perdió el control del vehículo, lo que terminó con el fatal atropello de los adultos mayores.

Además del proceso penal, Mendoza González enfrenta sanciones administrativas severas según lo establecido por la autoridad de movilidad. Estas incluyen una multa superior a los 21 millones de pesos, la suspensión de su licencia de conducción por diez años (por tratarse de la primera vez que infringe la ley bajo efectos del alcohol) y la obligatoriedad de prestar noventa días de servicio comunitario. Las penas de prisión a las que se enfrenta pueden oscilar entre 2,9 y 9 años, según la decisión final del juez.

El trágico suceso generó consternación en la comunidad de Marinilla. Rodrigo y Marta Dolly, conocidos y apreciados por sus vecinos, fueron despedidos en una sentida ceremonia en el mismo templo del que salieron momentos antes del accidente y, posteriormente, sepultados en el cementerio local. Familiares como Adriana María Tamayo, exsecretaria de Gobierno de Marinilla y sobrina de una de las víctimas, resaltaron cómo ambos esposos siempre permanecían juntos y eran referentes en valores y disciplina. La pareja tuvo cuatro hijos, ninguno de los cuales reside actualmente en la zona, y eran reconocidos como padres ejemplares dentro de su entorno.

El caso pone en evidencia la dimensión humana y social de las consecuencias viales bajo efectos del alcohol, así como la respuesta del sistema judicial y administrativo de la región para sancionar estos hechos, bajo la vigilancia y demanda de justicia de una comunidad golpeada por la tragedia.

¿Qué implica exactamente el “tercer grado de alicoramiento” en Colombia?

La clasificación del alicoramiento hace referencia al nivel de alcohol en sangre que presenta un conductor tras ser examinado, y es un elemento fundamental a la hora de definir las sanciones y penas. El llamado tercer grado de alicoramiento representa el rango más alto en cuanto a concentración de alcohol, lo que indica un estado de evidente pérdida de reflejos, coordinación y capacidad de reacción, factores que incrementan considerablemente el riesgo de provocar accidentes fatales como el ocurrido en este caso.

La normativa colombiana contempla sanciones mucho más estrictas para quienes son detectados conduciendo en este estado, como en el proceso judicial seguido contra Mendoza González. De acuerdo con la ley, el tercer grado de alicoramiento se tipifica a partir de una alta concentración de etanol en sangre, y en estos escenarios las sanciones administrativas y penales alcanzan sus máximos niveles, como la suspensión prolongada de la licencia y la imposición de multas y trabajo comunitario, además de la privación de la libertad.