Orden de arresto contra altos funcionarios de la ANT por desacato: controversia agraria sacude al gobierno

El Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá ha dictado una medida de arresto por cinco días contra Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la entidad. Esta decisión se dio como respuesta a un incidente de desacato en el contexto de un proceso de tutela iniciado por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, perteneciente al partido Centro Democrático. La acción legal surgió luego de que la ANT no entregara respuesta a un derecho de petición presentado por Valencia en noviembre de 2025, relacionado con la presunta adquisición irregular de un predio denominado “Peñasgordas”, situado en Dagua, Valle del Cauca, según los detalles publicados por El Colombiano.

El juzgado, además de establecer la privación de la libertad en instalaciones que designe la Policía Nacional, impuso a ambos funcionarios una multa individual equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. En conjunto, las sanciones económicas superan los 31 millones de pesos. Este caso toma relevancia porque el pedido de información de la congresista se relacionaba con un terreno ocupado durante más de veinte años por comunidades campesinas; condición, según Valencia, que impediría legalmente a la Agencia Nacional de Tierras avanzar en su adquisición para programas de reforma agraria.

La controversia se intensificó tras el silencio administrativo de la ANT, lo que llevó a una orden judicial el 16 de diciembre de 2025, donde se obligaba a la agencia a responder la solicitud de la senadora en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, la jueza del caso determinó que transcurrieron 53 días hábiles sin que la entidad presentara prueba de haber cumplido, hecho que fue interpretado como un desacato judicial. Paralelamente, la congresista Valencia cuestionó públicamente la transparencia de la ANT y sugirió la posible existencia de prácticas sistemáticas de cobro de comisiones de hasta el 10% en la compra de tierras, asociadas a demoras en los desembolsos y presuntos pagos de coimas.

Ante estos señalamientos, la jueza también remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles delitos como fraude a resolución judicial y otras responsabilidades penales. Sin embargo, en declaraciones dadas a La FM, Felipe Harman afirmó que la respuesta requerida fue finalmente remitida y que los documentos de soporte fueron enviados al juzgado con el objetivo de solicitar la revocatoria de la medida, indicando que el incidente se debió a una demora inicial en la contestación, pero insistiendo en que la información ya fue entregada.

La ANT, por su parte, negó rotundamente que existan fundamentos en las acusaciones de cobros irregulares y aclaró que la orden de arresto no se ejecutará hasta tanto no exista una decisión en segunda instancia. Este caso, reseñado por El Colombiano, evidencia los desafíos institucionales frente a la transparencia y el cumplimiento de las órdenes judiciales en la gestión de tierras, un tema central en el contexto de la reforma agraria y el acceso a la tierra para las comunidades campesinas en Colombia.

¿Qué implica un incidente de desacato en un proceso de tutela? Un incidente de desacato surge cuando una entidad pública o particular incumple las órdenes impartidas por un juez dentro de un proceso de tutela, mecanismo establecido en la Constitución colombiana para proteger derechos fundamentales. De acuerdo con la información suministrada en este caso, el desacato llevó a sanciones restrictivas de la libertad y multas económicas, mostrando la seriedad con la que la justicia colombiana aborda la protección efectiva de los derechos fundamentales, especialmente el acceso a la información pública.

Este procedimiento adquiere relevancia en un contexto donde la confianza institucional y la garantía de los derechos ciudadanos dependen del estricto cumplimiento de las órdenes judiciales. El caso reportado ilustra cómo los procedimientos judiciales buscan asegurar la gobernabilidad y la transparencia de las entidades del Estado, especialmente en temas sensibles como la gestión de la tierra.