Golpe histórico en Antioquia: capturan a 14 por minería ilegal y desmantelan millonaria maquinaria criminal

Dos operativos de gran relevancia ejecutados en el departamento de Antioquia marcaron un nuevo capítulo en la lucha contra la minería ilegal en la región. Según información de El Colombiano, dichas acciones permitieron la captura de 14 personas involucradas en la explotación ilícita de yacimientos mineros, el desmantelamiento de 24 socavones ubicados en el Suroeste antioqueño y la inutilización de maquinaria pesada en el Bajo Cauca, cuyo valor asciende a más de $3.700 millones. Este golpe representa un impacto directo contra las estructuras criminales que, a través de la minería ilegal, consolidan sus finanzas y fortaleza operativa.

El primer operativo fue ejecutado el sábado 6 de febrero en zona rural de Fredonia, específicamente en la vereda El Morrón, dentro del corregimiento La Mina, a orillas del río Cauca. En el lugar, las autoridades sorprendieron a catorce sospechosos en flagrancia, quienes presuntamente participaban en la explotación ilegal de yacimientos mineros. Las fuerzas del orden intervinieron y desmantelaron 24 Unidades de Producción Minera, las cuales consistían en socavones tanto verticales como horizontales, todos en estado operativo.

Durante este procedimiento se decomisaron siete motores, cuatro plantas de energía, ocho mangueras y tuberías, así como se procedió al desmonte de siete cambuches. Todo este material estaba valuado en aproximadamente 24 millones de pesos, lo que demuestra la magnitud y sofisticación de la operación minera ilegal desmantelada en este punto del Suroeste antioqueño.

El segundo operativo se desarrolló al día siguiente, el domingo 7 de febrero, en el municipio de Zaragoza, vereda La Porquera. Allí, las autoridades encontraron siete excavadoras y cuatro motores industriales, herramientas fundamentales para la explotación ilícita a cielo abierto y que estaban siendo utilizadas en dos unidades de producción minera ilegal.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, la maquinaria intervenida era propiedad del Clan del Golfo, particularmente de la subestructura Uldar Cardona Rueda. Estas instalaciones generaban cerca de 8.750 gramos de oro al mes, equivalentes a aproximadamente $3.675 millones, reflejando el significativo impacto económico de la minería ilegal para las organizaciones criminales.

Estos operativos no solo impactaron la economía de los grupos ilegales, sino que también fueron un paso para mitigar el grave daño ambiental. Según reportaron las autoridades, en el sector de la quebrada La Clarita —afluente del río Porce— se identificó la contaminación con mercurio, cianuro, combustibles y aceites, sustancias altamente tóxicas vertidas durante el proceso de extracción ilícita. Además, el grupo armado obtenía mensualmente cerca de $551 millones por concepto de extorsiones, correspondientes al 15% de la producción minera ilegal, lo que evidenciaba la compleja red de control y rentabilidad que rodeaba el negocio.

Este tipo de acciones demuestra la capacidad logística y financiera de los grupos armados organizados para controlar la cadena de la minería ilegal. La intervención estatal, basada en inteligencia y operativos coordinados, busca no solo frenar el flujo de recursos hacia estas organizaciones, sino también empezar a restaurar el equilibrio ambiental y social en las zonas más golpeadas por la minería ilícita.

¿Qué consecuencias ambientales tiene el vertimiento de mercurio y cianuro en fuentes hídricas como la quebrada La Clarita? La preocupación por el impacto ambiental ocasionado por la minería ilegal es significativa, especialmente por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro. Estos químicos, utilizados para separar el oro de otros minerales, terminan por contaminar fuentes hídricas que abastecen a poblaciones rurales y ecosistemas. Las afectaciones no solo dañan la vida acuática y la biodiversidad, sino que también representan un riesgo grave para la salud humana y el acceso al agua potable de las comunidades cercanas. La recuperación de estos cuerpos de agua y la mitigación del daño pueden tomar décadas y requieren esfuerzos coordinados de las propias autoridades ambientales y de la comunidad.

En este contexto, ¿qué otras estrategias pueden desarrollarse para fortalecer el control y la vigilancia sobre las zonas afectadas por la minería ilegal y evitar la reincidencia de estos delitos?