ONU pide al Congreso reglamentar sistema de justicia del acuerdo con Farc

El organismo internacional hizo el llamado al Legislativo colombiano este martes en momentos en que el tema lo debaten los gobiernos entrante y saliente, y cuando el oficialismo ha perdido las mayorías.

“La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”, indicó el organismo en un comunicado.

Aunque la Justicia Especial para la Paz (JEP) comenzó a operar a mediados de marzo, aún falta que el Congreso apruebe las reglas de procedimiento que otorgan “seguridad jurídica” a las decisiones de los magistrados.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que dejará el poder el 7 de agosto, convocó a sesiones extras con el fin de que el saliente Congreso apruebe esta iniciativa. Para este martes está prevista la plenaria del Senado donde se podría votar el reglamento.

Pero la bancada del mandatario electo, el derechista Iván Duque, y otros sectores opositores al sistema de justicia se han opuesto a la reglamentación argumentando razones jurídicas, desestimadas por la Corte Constitucional.

Duque y la derecha opuesta al acuerdo de paz que el año pasado desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista tienen mayorías en el nuevo parlamento, que se posesionará el 20 de julio.

“Es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP”, agregó la ONU.

La JEP, que en principio operará por diez años, fijará las penas para los exguerrilleros y militares responsables de graves y masivas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Suscrito a finales de 2016, el pacto que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

La JEP revisará las confesiones de culpabilidad y, si concuerdan con las investigaciones judiciales, impondrá condenas alternas que irán de los cinco a los ocho años y que podrían, por ejemplo, obligar a un exguerrillero a ayudar durante este tiempo a una comunidad afectada por sus acciones.

Aquellos que mientan o no confiesen todos sus delitos podrán recibir condenas de hasta 20 años de cárcel.