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La Procuraduría formuló cargos contra la exgobernadora y tres de sus exfuncionarios por “presuntas irregularidades” en la licitación de un contrato para un proyecto informático en el departamento, en 2015.
Además de Oneida Pinto Pérez, la entidad investiga disciplinariamente a Bely Géneco, exsecretaria de Educación; a Gilbert Meza Cerchar, director operativo, y a Gerardo Cujia Mendoza, profesional universitario de la administración departamental en esa época, se lee en un comunicado.
La Procuraduría considera que los implicados al parecer faltaron a “los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal”, y que habrían incluido “condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas a la experiencia y la capacidad financiera”.
Este proceso, dice, llevó a que solo un proponente se presentara a la licitación, motivo por el que la entidad no pudo hacer una comparación de ofertas a la hora de elegir al contratista.
“En el caso de la exgobernadora Pinto, cuestionó que siendo la máxima responsable de la contratación del departamento, al parecer no actuó con la diligencia debida y el cuidado necesario”, puntualiza la Procuraduría.
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