Golpe al crimen en el Eje Cafetero: capturas, incautaciones y colaboración ciudadana marcan enero 2026

Durante el primer mes del año 2026, la Octava Brigada del Ejército Nacional presentó un balance detallado sobre las acciones ejecutadas para fortalecer la seguridad en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, regiones que han sido históricamente vulnerables por la presencia de redes delincuenciales y actividades ilícitas. La rendición de cuentas, liderada por el coronel Julián Andrés Arango Betancourt, subraya que las operaciones desplegadas debilitaron de forma significativa no solo las finanzas, sino también la capacidad operativa de los principales grupos dedicados al narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

En Quindío, considerado un enclave prioritario por su incidencia en la seguridad ciudadana, se articularon acciones entre el Ejército Nacional, la gobernación, las 12 alcaldías municipales y la Policía Departamental. Esta cooperación logró la captura de 39 personas por vínculos con el narcotráfico y otros delitos. Una de las operaciones más relevantes consistió en desmantelar al grupo delincuencial ‘La 38’, con la aprehensión de ocho de sus integrantes implicados en concierto para delinquir agravado y tráfico, porte y venta de estupefacientes. Según el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, este golpe retiró de las calles de Calarcá una estructura criminal que afectaba la seguridad barrial.

El balance incluye la incautación de armas, municiones y cerca de 35 kilogramos de sustancias alucinógenas, además de la recuperación de dos menores manipulados por bandas para la venta de drogas, quienes fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la protección de sus derechos. El coronel Arango enfatizó este logro como parte de la lucha contra la explotación infantil en contextos criminales.

En Risaralda, las labores militares se concentraron en la frontera con Chocó, propiciando el sometimiento a la justicia de dos miembros del ‘Clan del Golfo’ y la captura de un tercero. Además, dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desmovilizaron de manera voluntaria acogiendo los beneficios del Programa de Atención al Desmovilizado del Gobierno Nacional. En el mismo departamento se incautaron armas y se capturaron nueve personas relacionadas con narcotráfico.

En Caldas, el esfuerzo principal se dirigió hacia el combate de la minería ilegal. El Batallón de Infantería número 22, Batalla de Ayacucho, junto con la Policía y Corpocaldas, realizó 21 capturas e inmovilizó maquinaria utilizada para extraer más de 3.900 gramos de oro mensuales, material que según declaraciones oficiales representaba cerca de $3.000 millones de pesos mensuales en ingresos ilícitos. La incautación de 34 kilogramos de drogas y la recuperación de tres menores de edad reflejan la gravedad del problema del microtráfico en la región.

El Gaula Militar Eje Cafetero, a través de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, contribuyó con la captura de cuatro personas por extorsión, reafirmando la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración activa con las autoridades. El compromiso institucional se evidenció en 82 capturas en total durante enero de 2026, consolidando la estrategia integradora entre militares, policías, fiscales y autoridades civiles.

Como expresó el coronel Julián Andrés Arango Betancourt, estos resultados refuerzan el mensaje de que solo con la suma de esfuerzos entre la comunidad y las fuerzas estatales es posible asegurar la tranquilidad de los habitantes del Eje Cafetero. Esta sinergia se proyecta como el pilar para un territorio más seguro y próspero.

¿Por qué es relevante la participación ciudadana en las estrategias de seguridad regional? La acción conjunta entre la ciudadanía y las fuerzas institucionales constituye un pilar fundamental en la eficacia de las operaciones de seguridad. Tal como se evidencia en el balance presentado por la Octava Brigada, la denuncia y la colaboración directa de los habitantes permiten identificar con mayor precisión los focos de actividad criminal y reducir tanto la impunidad como la reincidencia delictiva.

Además, campañas como “Yo no pago, yo denuncio” impulsan a los habitantes a contribuir en la construcción de entornos más seguros. Esta participación activa no solo fortalece el accionar de las autoridades, sino que incentiva un sentido de corresponsabilidad, clave para mantener el orden y la paz en regiones históricamente amenazas por el crimen organizado.