Petro arremete tras anulación de contrato de pasaportes: ¿fue legal el proceso o pesaron intereses ocultos?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la demanda presentada por la Procuraduría que solicita anular los convenios celebrados entre la Cancillería de Colombia, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la fabricación de los nuevos pasaportes colombianos. Esta decisión judicial ha intensificado el debate político y administrativo en torno a la transparencia y legalidad del proceso contractual.

El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en pronunciarse tras conocer la decisión. Por medio de su perfil en la red social X, Petro afirmó que la medida representa un alineamiento con intereses particulares y relacionó a la empresa Thomas Greg and Sons con acuerdos políticos. Además, insinuó que la anulación del contrato tendría vínculos electorales, señalando directamente a la Procuraduría por intervenir en el ámbito político nacional. Sin embargo, el mandatario sostuvo que los pasaportes no volverían a estar en manos de Thomas Greg & Sons ni siquiera si se dieran cambios en la administración pública.

La demanda de la Procuraduría, sustentada en inconsistencias financieras, cuestiona un acuerdo estimado en más de 1,3 billones de pesos. El Ministerio Público indicó que los fondos para la ejecución del convenio no están debidamente garantizados y recomendó que los desembolsos efectuados regresen a las arcas nacionales. Asimismo, sugirió que el Gobierno estudie otras alternativas para la expedición de pasaportes que cumplan con los requisitos legales y técnicos exigidos.

Entre los argumentos de la Procuraduría se destaca que el convenio, suscrito el 28 de julio de 2025 y firmado con la Casa da Moneda de Portugal, carece de bases financieras sólidas para garantizar su ejecución. El recurso presentado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para reversar la nulidad fue rechazado por el Tribunal, al considerar que la nulidad absoluta debe declararse cuando se evidencia claramente y no puede ser subsanada por acuerdo de las partes.

El organismo de control también señaló que la financiación del convenio por parte de la entidad portuguesa sería solo del 21 %, incumpliendo la exigencia legal de al menos el 50 % de aporte extranjero. Además, cuestionó la ausencia de un proceso competitivo de selección y la falta de cumplimiento de principios esenciales de la contratación pública, como la transparencia y la igualdad de oportunidades. De igual manera, resaltó la escasez de capacidad técnica y operativa de la Imprenta Nacional de Colombia, que quedó relegada a labores administrativas y de capacitación, mientras que la producción efectiva se subcontrató a la Casa de la Moneda de Portugal.

En el desarrollo del proceso, EL COLOMBIANO reveló que los primeros lotes de pasaportes bajo el nuevo modelo no fueron producidos en Colombia, como había afirmado públicamente el presidente Petro, sino que fueron importados directamente desde Portugal. El medio obtuvo documentación que contradice las declaraciones oficiales y evidencia cómo, en los días previos a la presentación oficial de los nuevos pasaportes, arribaron al país miles de estos documentos ya fabricados en Europa.

La acción de nulidad fue promovida por el abogado Nicolás Dupont, quien argumenta que el convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional excluyó al sector privado y careció de estudios técnicos previos, validación de costos y verificación de la capacidad operativa del Estado. Esta controversia ha derivado en cuestionamientos sobre la legalidad y pertinencia de los mecanismos empleados para la producción y personalización de los pasaportes colombianos.

De continuar el proceso judicial y declararse la nulidad absoluta, el Estado colombiano podría requerir la devolución total de los recursos transferidos a la contratista extranjera, mientras se busca una solución que garantice la debida expedición de este documento esencial para la ciudadanía.

¿Por qué es importante la selección objetiva en la contratación pública?

La selección objetiva es un principio fundamental en la contratación pública que busca garantizar que los contratos se adjudiquen bajo criterios claros, transparentes y verificables. Según la Procuraduría, la omisión de este paso puede dar lugar a actos arbitrarios, limitar la igualdad de oportunidades y propiciar prácticas poco competitivas, afectando así la confianza ciudadana en las instituciones y la adecuada administración de los recursos públicos.

En este contexto, la importancia de la selección objetiva radica en prevenir conflictos de interés, asegurar una competencia abierta entre potenciales proveedores y proteger el interés general. Los órganos de control, como la Procuraduría, velan por el cumplimiento de este principio para que los procesos sean justos y equitativos, y se evite la toma de decisiones basada en vínculos políticos o intereses particulares.