Aparecen nuevos chats de 'Calarcá' dando órdenes de asesinar firmantes de paz y reclutar menores

Otra parte del material incautado al jefe de la disidencia mostraría que dio la orden en pleno cese al fuego para asesinar a civiles y reinsertados.

Nuevos chats que hacen parte del material que fue incautado en un retén en Anorí hace más de un año a miembros de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) –al mando de Calarcá Córdoba– revelarían órdenes de asesinato, reportes de reclutamiento de menores, registro fotográfico de secuestros y ejecuciones, así como conversaciones sobre la compra de armamento sofisticado.

El caso más grave de estos nuevos archivos que reveló Noticias Caracol es el del asesinato el pasado 6 de enero de 2024 de Juan Gabriel Hurtado, un excombatiente de las FARC que adelantaba su proceso de reincorporación en el Meta.

En el momento del asesinato, esa disidencia estaba en un cese al fuego con Gobierno. En los chats revelados por Caracol se ve mensajes entre Calarcá y uno de sus subordinados conocido como Chalá, quien coordinó el secuestro y ejecución de Juan Gabriel Hurtado Betancur.

“-Calarcá Córdoba: ¿Y todavía me nombra a mí?

– Chalá: Sí.

– Calarcá Córdoba: ¿Y tiene más familia por ahí?

– Chalá: Un tío, pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá.

– Calarcá Córdoba: Maten a ese tipo.

– Chalá: Ok.

– Calarcá Córdoba: ¿No tiene mujer ni hijos ahí en la casa?

– Chalá: Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos.

– Calarcá Córdoba: Mátenlo, y lo dejan por ahí que lo recojan”. Dicen los chats.

En los dispositivos quedaron registradas las fotografías del excombatiente con vida y la imagen posterior a su asesinato —que publicó el medio por su carácter explícito—.

Según Indepaz, el 6 de enero de 2024 fue sacado de su casa por hombres armados y luego asesinado en la zona de Caño Yamu, en la vereda Jordania de La Macarena.

Es importante precisar que para enero de 2024 Calarcá -aunque era parte de la disidencia- aún no era negociador.

El guerrillero llegó a la mesa en marzo de ese año tras la separación del Estado Mayor Central que dio origen al Estado Mayor de los Bloques y Frente, de la cual es parte de la comandancia.

En contexto: Parte I de las revelaciones muestran presunto nexo entre disidencias de Calarcá, un general del Ejército y un funcionario de inteligencia

Compra de armas y reclutamiento de menores

Además del asesinato de Hurtado, los computadores contienen decenas de fotos de personas secuestradas, amarradas o golpeadas, y posteriormente acribilladas, algunas con tiros de gracia.

El otro tema que sale mencionado en los chats es el reclutamiento de personas, incluidos menores de edad.

Los archivos digitales presentados por Noticias Caracol evidencian conversaciones donde un lugarteniente de Calarcá, conocido como El Mueco, reporta el ingreso de dos personas, incluida una niña de 14 años de nombre Yurelli.

Las conversaciones entre Calarcá y otro jefe, Richard Catatumbo, muestran la adquisición de armas. Entre las que se mostraron en los chats, la disidencia habría adquirido 14 rifles Dragunov,50 granadas para fusil y tres fusiles Tavor.

Los protocolos vigentes en ese momento por el cese al fuego no impedían a este grupo armado la compra de material de guerra.

La primera parte del escándalo de la disidencia

El pasado 23 de noviembre —justo dos días después de concluir el séptimo ciclo de diálogos con la disidencia— Noticias Caracol reveló los primeros archivos extraídos de uno de los computadores de la estructura de Calarcá. Ese equipo había sido incautado más de un año atrás, durante un retén militar en Anorí (Antioquia), en el que varios guerrilleros fueron capturados mientras se desplazaban en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Los documentos señalan una presunta vinculación de la disidencia de Calarcá con Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el general Juan Miguel Huertas –quien fue vinculado a casos de ejecuciones extrajudiciales en el marco de una audiencia de reconocimiento de la JEP-.

Según los reportes, esta posible red habría facilitado al grupo armado información reservada sobre operaciones en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar; además de permisos para movilizarse en vehículos blindados, portar armas legales y operar a través de una empresa de seguridad fachada.

La filtración abrió interrogantes sobre la actuación de funcionarios públicos y sobre las capacidades de inteligencia del Estado. También dejó en evidencia debilidades en los mecanismos de control y fallas en los protocolos de supervisión que habrían permitido que información estratégica quedara comprometida.

¿Qué ha pasado con la mesa de negociación con Calarcá?

Desde que se conocieron los archivos, se fracturó nuevamente la confianza no solo en el proceso que adelanta el Gobierno con esa estructura, sino también en la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Las dudas sobre si la mesa habría sido utilizada por ese grupo armado para expandirse dejaron interrogantes sobre el futuro del proceso.

Sin embargo, Gloria Quiceno, jefa negociadora del Gobierno en la mesa con el EMBF, dijo en entrevista con La W Radio que no puede confirmar la veracidad de esa información, pues “no forma parte de la mesa ni de los compromisos del proceso de paz”.

Aunque no se les atribuyen responsabilidades directas, los negociadores del Gobierno resultan inevitablemente salpicados por la crisis. Su papel como interlocutores institucionales frente a la diidencia queda en entredicho. La aparición de presuntos vínculos entre miembros del Estado y la estructura de Calarcá obliga a revisar los mecanismos de verificación, los filtros de seguridad y los protocolos para relacionarse con ese grupo.

La disidencia de Calarcá también se pronunció y negó cualquier vínculo con la Fuerza Pública, más allá de la interacción con los observadores militares y policiales que participan en la mesa de paz. Según el EMBF, los señalamiento buscan desacreditar el proceso y frenar los avances logrados en el séptimo ciclo de diálogos.

Colombia+20 conoció que la delegación del Gobierno y la de la disidencia sostuvieron una reunión este fin de semana en Caquetá, con la participación del gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz. En la reunión el jefe disidente Calarcá Córdoba estuvo presente.

¿Cuál fue la respuesta de Petro?

El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la veracidad de las fuentes. Aseguró que los documentos expuestos en el reportaje “son falsos” y señaló que la fuente principal serían informes de la CIA, que –dijo– tiene “razones para atacar” y desprestigiar al Gobierno nacional.

El jefe de Estado dijo que los funcionarios mencionados en el informe habrían sido clave para identificar a oficiales del Ejército que, presuntamente, facilitaron la creación de empresas de seguridad utilizadas por delincuentes para operar desde la legalidad.

“Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El presidente autorizó a Huertas y Mejía –quienes fueron suspendidos por la Procuraduría– a presentar denuncias penales y civiles para exigir una rectificación.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una revisión de todos los procedimientos ejecutados por Huertas durante su gestión.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, realizó este 5 de diciembre una inspección en el Comando de Personal del Ejército (Cope) y en Indumil por la supuesta participación del general retirado en ese entramado.