Revolución en las EPS: ¿qué pasará con los usuarios tras el polémico decreto del Ministerio de Salud?

A pocos meses de concluir el mandato del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Salud impulsa cambios profundos en el sistema de aseguramiento sanitario del país. Un borrador reciente de decreto propone modificar de manera significativa el proceso de afiliación a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los municipios colombianos. Esta polémica iniciativa, que busca reorganizar la presencia de las aseguradoras en cada territorio, ha encendido las alarmas entre pacientes y sectores sociales por las consecuencias que podría acarrear.

Según la información aclarada por El Colombiano, el proyecto establece nuevas reglas sobre cuántas EPS pueden operar en un municipio, teniendo en cuenta la cantidad de afiliados que cada una posee. Se plantea un umbral mínimo: solo las aseguradoras que cuenten con al menos el 3% de los afiliados locales podrán mantener su operación en esa zona. En consecuencia, las EPS que no alcancen este porcentaje deberán abandonar el territorio, y sus usuarios serán automáticamente reasignados a otras que sí superen ese límite.

La transición implica un gran desafío logístico y sanitario, especialmente para usuarios en tratamientos de alto costo, enfermedades crónicas, embarazadas o personas con condiciones especiales. El borrador estipula que el Ministerio de Salud hará la reasignación de manera inmediata y obligatoria a la EPS receptora habilitada, garantizando que ninguna familia sea separada. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el impacto en la continuidad de tratamientos, las solicitudes de autorizaciones, la disponibilidad de medicamentos y la adaptación a nuevas redes de atención.

Hannah Escobar, activista en salud y candidata a la Cámara por Antioquia, explicó a través de sus redes sociales que, aunque se procura mantener a los núcleos familiares juntos, los pacientes de alto costo y las gestantes serían distribuidos entre EPS receptoras para equilibrar el riesgo financiero. Dicho riesgo corresponde a la posibilidad de que el costo de la atención médica supere los recursos disponibles mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la suma fija destinada a cubrir los servicios de salud por afiliado.

Por otra parte, la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud advirtió sobre las posibles implicaciones negativas de estos movimientos masivos de usuarios. El traslado podría afectar la libertad de elección de los ciudadanos, ya que la concentración de afiliados en pocas aseguradoras —o incluso en una sola— limitaría las alternativas de atención en varias regiones. De hecho, este nuevo modelo podría llevar a que más de 6,6 millones de personas sean transferidas, según estimaciones de la mesa, y que la Nueva EPS, la aseguradora con mayor presencia en el país, reciba la mayor carga de traslados.

El Ministerio de Salud, por su parte, sostuvo que el proyecto de decreto no contempla traslados indiscriminados ni automáticos. Afirmó que cualquier reasignación de afiliados obedecerá a criterios técnicos, será gradual y contará con salvaguardas enfocadas en proteger la continuidad de la atención y el aseguramiento. No obstante, voces como la de Escobar aseguran que la capacidad operativa actual no garantiza que miles o millones de personas sean movilizadas sin afectar la prestación del servicio.

En este contexto, la discusión sobre una reforma al método de afiliación de las EPS sigue abierta, con expectativas y reservas tanto en la comunidad sanitaria como en la ciudadanía, quienes esperan claridad sobre cómo serán gestionados estos cambios y su impacto real en el acceso a la salud.

¿Qué es la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y por qué es importante en este proceso?
La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el monto fijo que el Estado reconoce a las EPS por cada persona afiliada, con el objetivo de cubrir los gastos en servicios de salud durante un periodo determinado. Su importancia radica en que el reparto de los usuarios entre las EPS busca mantener el equilibrio en los riesgos financieros; es decir, evitar que unas pocas aseguradoras concentren a la mayoría de pacientes con enfermedades costosas, garantizando un uso razonable de los recursos y la sostenibilidad del sistema. Si no se controla adecuadamente este reparto, podrían generarse desigualdades que afecten tanto la atención de los usuarios como la estabilidad de las EPS y del sistema de salud en su conjunto.

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