Nombramientos “a dedo” de notarios sacuden el gobierno Petro: denuncian favores y vínculos con escándalos

En medio de una creciente controversia política, se han presentado serias acusaciones contra la administración del presidente Gustavo Petro respecto al presunto manejo irregular en el nombramiento de notarios a lo largo del país. De acuerdo con la denuncia pública difundida esta semana, se señala que durante el actual gobierno se adjudicaron 53 notarías, de las cuales 52 habrían sido asignadas de manera discrecional, es decir, “a dedo”, sin transparentar concursos públicos o criterios de mérito. Estos datos fueron aportados por el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien sostiene que el proceso de selección para estos puestos habría favorecido a personas allegadas al Gobierno nacional y a figuras vinculadas a escándalos recientes en la administración.

Briceño destaca que al menos seis de los nombramientos más controvertidos estarían directamente relacionados con individuos involucrados en polémicas investigadas actualmente en el ámbito político y judicial. Por ejemplo, hace referencia al caso de Daniela Andrade Valencia, implicada en el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a quien se le atribuye la firma de contratos considerados irregulares y que finalmente fue nombrada en la notaría 36 de Bogotá. Otro caso señalado es el de José Ritter López, exsenador y padre de Julián López, actual presidente de la Cámara de Representantes, a quien presuntamente se le otorgó la notaría 22 de Cali, hecho que habría facilitado apoyos clave a las reformas del gobierno.

Además, se mencionan otros nombramientos como el de Iván Darío Agudelo, exsenador liberal y partidario del presidente desde la campaña, quien terminó designado como notario 31 de Medellín y es vinculado al grupo político liderado por Daniel Quintero. Dentro del listado, también figura Indira Lorena Álvarez, descrita como “amiga personal y de confianza” de Laura Sarabia, exasesora en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cuyo paso hacia la notaría 2 de Bogotá, una de las más importantes de la capital, ha despertado inquietudes.

Otros nombres que resaltan dentro de las denuncias incluyen a Erika Macías, asociada al coronel Carlos Feria, recientemente procesado por interceptaciones ilegales, y a Carlos Olmedo Arias Rey, exfuncionario denunciado por supuestos actos de corrupción en Empresas Municipales de Cali (Emcali), a quien se le vinculan nombramientos en notarías clave. Según Briceño, estos casos ilustran una estrategia consistente en el uso de las notarías para “comprar conciencias, silenciar testigos y repartir grandes puestos que generan enormes ganancias a personas absolutamente cuestionadas”.

Tras estas acusaciones, surgen dudas sobre la transparencia y el cumplimiento de procesos de meritocracia en los nombramientos públicos, así como el impacto de las designaciones discrecionales en la legitimidad de las instituciones. El debate, alimentado por declaraciones directas y ejemplos concretos, ha expandido la preocupación ciudadana respecto al uso del poder para beneficio de sectores específicos, un fenómeno que ha sido recurrente tema de discusión en la esfera política nacional según las fuentes citadas en la denuncia.

¿Cómo se realiza en Colombia el proceso legal para nombrar notarios?

El proceso de nombramiento de los notarios en Colombia ha sido motivo de debate recurrente por la importancia de su función pública y el impacto en la confianza institucional. Normalmente, el sistema de concursos públicos debería garantizar que estas posiciones sean asignadas bajo criterios estrictos de mérito, experiencia y transparencia, evitando injerencia política o favoritismos.

Sin embargo, las denuncias como las presentadas en este caso arrojan luz sobre posibles desviaciones de la norma y ubican en el centro del debate la efectividad de los controles y la necesidad de mecanismos que impidan las designaciones arbitrarias. Esta pregunta resulta pertinente para entender los riesgos del uso indebido del poder administrativo y poner en perspectiva las responsabilidades de los actores involucrados bajo la legislación y la regulación colombiana.