¿Y si los niños evaluaran su jardín infantil? Así transforma Colombia la participación desde la infancia

El programa “Niños al Poder” se ha consolidado como un referente en la promoción de la participación ciudadana desde la primera infancia en Colombia. Impulsado inicialmente en el departamento del Quindío por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el programa surgió como un proyecto piloto con el objetivo de transformar a los niños en sujetos críticos capaces de ejercer control social sobre los servicios que reciben en sus centros infantiles. El éxito temprano que obtuvo le permitió expandirse a nivel nacional, contando con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un reconocimiento explícito por parte de la Dirección Nacional del ICBF, según lo documentado en los reportes institucionales.

Esta iniciativa se articula mediante estrategias lúdicas que responden al desarrollo cognitivo de los niños pequeños. Un ejemplo sobresaliente es el uso de indicadores visuales, como caritas felices, neutrales o tristes, que sirven para que los niños califiquen elementos claves como la calidad de los alimentos, el aseo del lugar y el trato recibido por parte del personal. Tal como señaló Kevin Eckert, integrante del equipo de Apoyo a Primera Infancia del ICBF, la propuesta trasciende la visión pasiva tradicional de la infancia y reconoce el derecho de los niños a emitir sus opiniones, incluso antes de saber leer o escribir, reforzando su sentido de pertenencia a través de reconocimientos simbólicos como medallas y diplomas.

Desde una perspectiva sociológica, “Niños al Poder” se plantea como un mecanismo de construcción de ciudadanía desde edades tempranas. De acuerdo con Alexandra Candelo, directora encargada del ICBF en Quindío, el programa permite que los niños ejerzan un control social efectivo sobre los servicios recibidos. Este enfoque no solo impacta a los menores, sino también transforma la percepción y el desempeño del personal docente, al promover el reconocimiento de los niños como participantes activos y no simples receptores de los servicios.

El valor del programa se enmarca además en un contexto internacional, respaldado por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que desde 1989 subraya el derecho de los niños a ser escuchados en asuntos que afectan su vida. Organizaciones como UNICEF destacan cómo iniciativas similares fomentan no solo una mejor calidad educativa, sino también el fortalecimiento de la autoestima y habilidades sociales, configurando competencias ciudadanas a corto y largo plazo.

El ejemplo del Hogar Infantil La Milagrosa de Quindío muestra que la aplicación práctica de este modelo impulsa cambios tangibles en la autopercepción de los niños y en las exigencias sobre su entorno inmediato. Este enfoque, al abrir la fiscalización ciudadana a grupos tradicionalmente excluidos, es visto por expertos en políticas públicas como una innovación en la gobernanza local. La expansión del programa, con respaldo internacional, invita a reconsiderar y enriquecer las prácticas de participación ciudadana, planteando un horizonte más inclusivo para la educación y la democracia en Colombia y América Latina.

¿Por qué es importante que los niños participen en el control de los servicios que reciben? Integrar activamente a los niños en la evaluación de los servicios promueve su sentido de pertenencia, fomenta su empoderamiento y desarrolla su capacidad crítica. Este tipo de participación no solo enriquece la relevancia de los servicios ofrecidos a la infancia, sino que contribuye a la formación de ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos desde etapas tempranas, estimulando cambios positivos también en los adultos responsables de su cuidado educativo.

¿Qué significa “control social” en el contexto de la infancia? El término se refiere a la posibilidad real de que los niños, como parte de la comunidad, observen, evalúen y expresen su opinión sobre la calidad de los servicios y del ambiente que los rodea. Esto supera la visión tradicional en la que solo los adultos auditan y reclaman mejoras, y reconoce a la infancia como un actor legítimo en la co-construcción de entornos educativos más justos y de mayor calidad.