Golpe a las disidencias: cae alias Dumar, cuarto cabecilla de las FARC y temido jefe criminal en Guaviare

En una reciente operación militar ejecutada en el municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, el Ejército colombiano logró la muerte de Willinton Vanegas, conocido como alias Dumar. Identificado como el cuarto cabecilla en la línea de mando de la disidencia de las FARC liderada por alias Mordisco, Dumar era jefe del bloque móvil ‘Martín Villa’. Su historial criminal incluía haber dirigido un atentado en la vereda Bolivia, municipio de Argelia (Cauca), en el que murieron cuatro soldados del Ejército. Además, se le atribuye la responsabilidad en asesinatos de líderes sociales y campesinos en la región (fuente: información original).

Para comprender el impacto de esta acción militar, es fundamental contextualizar el escenario del conflicto armado en Colombia y la evolución de las disidencias tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a raíz del Acuerdo de Paz de 2016. Desde entonces, varios grupos disidentes permanecieron armados, fragmentándose en distintas estructuras como la comandada por alias Mordisco. Estas organizaciones, según Colprensa, controlan corredores estratégicos clave para el narcotráfico y el dominio territorial, luchando periódicamente entre sí y contra las fuerzas estatales.

Alias Dumar contaba con más de quince años en agrupaciones armadas ilegales y tenía como responsabilidad consolidar rutas estratégicas entre los departamentos del Meta y el Guaviare, conforme a directrices de Mordisco. Reclutaba combatientes provenientes de Cauca y Nariño, demostrando la integración regional de estas redes criminales (fuente: información original). Estos corredores son esenciales para el tráfico de drogas, ya que conectan zonas de producción con puntos de salida hacia mercados internacionales. Tal posición estratégica ha generado frecuentes disputas con otras disidencias, especialmente las dependientes de alias Calarca en el Cauca, resalta el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas.

La violencia ejercida por estas estructuras alcanza a la población civil y a líderes sociales. Ejemplo de ello fue el asesinato del profesor y líder social Jairo Enrique Tombe y su esposa en El Tambo (Cauca), junto a la masacre de tres campesinos en 2023, eventos atribuidos a Dumar. Según un informe reciente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los líderes sociales en Colombia enfrentan niveles extremadamente altos de riesgo, situación que representa un duro desafío para la paz y la reconciliación.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, declaró que la operación que terminó con la vida de Dumar saldaba una deuda pendiente desde el atentado contra militares en mayo de 2024, evidenciando el compromiso institucional contra la violencia ejercida por estos grupos (fuente: original). De forma paralela, la Policía Nacional capturó a Luis Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano de Mordisco y uno de los hombres más buscados del país, según Colprensa, lo cual representa un golpe a la coordinación de la estructura criminal.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para desarticular las disidencias de las FARC, combatir el narcotráfico y disminuir la violencia en las zonas rurales golpeadas por estos actores armados. No obstante, especialistas advierten que la intervención militar debe ir acompañada de inversión social, desarrollo económico y garantías de derechos humanos, para evitar la transición hacia nuevos fenómenos delictivos y ciclos de violencia, como advierte INDEPAZ.

De hecho, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) ha documentado el aumento de acciones violentas y la persistencia de economías ilegales en regiones donde siguen operando las disidencias, generando gravísimas consecuencias humanitarias para sus habitantes. Todo ello remarca la necesidad de políticas integrales que combinen seguridad y justicia con desarrollo social.

En conclusión, la muerte de alias Dumar marca un golpe significativo para la estructura de Mordisco en Guaviare y refleja la efectividad de la coordinación entre las fuerzas estatales. Sin embargo, la consolidación de una paz real y duradera en Colombia depende de la capacidad institucional para abordar de manera integral los desafíos sociales, económicos y de derechos humanos en las regiones más afectadas (fuente: Centro de Pensamiento para la Prevención de la Violencia).

Preguntas frecuentes relacionadas

La persistente violencia contra líderes sociales en Colombia es consecuencia de la disputa por el control territorial y de economías ilegales en zonas rurales. Los líderes, al defender derechos comunitarios y denunciar abusos o presencia de grupos armados, se convierten en objetivos para organizaciones criminales que buscan intimidar y evitar la organización social. La ONU destaca que proteger a estos líderes es fundamental para la reconciliación y la consolidación de la paz en el país, ya que son actores clave en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las comunidades.

Por otro lado, la debilidad estatal en ciertas regiones, sumada a la falta de acceso a la justicia y a esquemas efectivos de protección, incrementa el riesgo que enfrentan estos líderes. Como resultado, muchas víctimas han sido asesinadas o amenazadas, generando afectaciones no solo personales sino colectivas, erosionando el tejido social y el liderazgo comunitario.

En Colombia, el término “disidencia” hace referencia a grupos armados formados por miembros de organizaciones guerrilleras desmovilizadas, como las FARC, que decidieron no acogerse al proceso de paz o reincidieron en la vida armada. Estas facciones han formado estructuras independientes con dinámicas propias de organización y control sobre actividades ilícitas, principalmente narcotráfico, minería ilegal y extorsión, en distintas regiones del país.

La existencia de múltiples disidencias con liderazgo autónomo ha complicado los esfuerzos estatales por lograr la estabilización territorial y la pacificación, pues a menudo se enfrentan entre sí y contra las autoridades, perpetuando el ciclo de violencia y dificultando la implementación de acuerdos de paz y programas de reincorporación.