¡Valledupar avanza hacia la movilidad inteligente! Monopatines eléctricos debutan con nueva regulación

En Valledupar, la llegada de monopatines eléctricos operados por una plataforma internacional marca un hito en la movilidad urbana de la ciudad. La Secretaría de Tránsito anunció recientemente la apertura de una mesa de trabajo conjunta con la empresa Yango, responsable de la operación del sistema en la región Caribe, con el objetivo de alinearse con la Ley 2486 de 2025. Esta reciente legislación, promulgada en Colombia, establece un marco legal específico para “vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana”, es decir, para patinetas y monopatines eléctricos, otorgándoles un estatus formal dentro de la regulación del tránsito nacional.

El proceso de ajuste normativo cobra especial relevancia en el contexto de que, desde abril de 2026, entró en vigor un régimen sancionatorio que obliga a usuarios de motos, bicicletas y estos nuevos vehículos eléctricos a adoptar conductas seguras y cumplir las disposiciones legales. Según la información aportada por EL PILÓN, Valledupar encara ahora la etapa de concertación entre autoridad y empresa para definir la operatividad y vigilancia de estos servicios, así como su integración al ecosistema vial de la ciudad. En ciudades como Bogotá y Barranquilla, la plataforma Yango ya ha desplegado pilotos exitosos, mientras que en Valledupar apenas se están dando los primeros pasos hacia una regulación efectiva y localmente adaptada.

La Ley 2486 de 2025 determina que quienes usen patinetas eléctricas deben ser mayores de 16 años en vías públicas, y que jóvenes entre 12 y 15 años restringen su circulación a ciclorrutas. También limita la potencia a 1.000 vatios y restringe la velocidad máxima a 25 km/h, llegando a 40 km/h sólo en vías autorizadas. Pese a que la ley exime a los usuarios de requisitos como matrícula, licencia de conducción y SOAT, sí impone multas que pueden alcanzar hasta seis salarios mínimos diarios si se incumplen sus disposiciones, según lo reportado por prensa especializada.

En paralelo, la plataforma exige que los pagos se efectúen de forma digital, seleccionando el método en la aplicación antes o durante la solicitud del viaje. Las operaciones no admiten efectivo: al terminar el trayecto, el sistema descuenta automáticamente el valor del medio de pago registrado, lo que permite a la empresa seguir la demanda y anticipar necesidades operativas. Además, la protección frente a robos se combina en el modelo con el uso de geolocalización, puntos de parqueo autorizados y la trazabilidad de cada usuario, desincentivando el hurto y facilitando la recuperación de unidades en caso de extravío.

Mientras la hoja de ruta nacional ya está establecida, Valledupar navega una transición donde usuarios, empresas y Estado buscan definir en detalle los derechos, obligaciones y garantías alrededor del uso responsable de los monopatines eléctricos. Por ahora, el acceso a esta alternativa de movilidad implica no solo innovación, sino un escenario cambiante de regulación y vigilancia, en el que la seguridad y coordinación institucional resultan puntos clave para consolidar este nuevo actor en el tránsito urbano.

¿Cuál es la diferencia entre patinetas eléctricas y motocicletas en la nueva legislación colombiana?

La diferencia principal radica en los requisitos legales y el marco regulatorio que ha establecido la Ley 2486 de 2025. Mientras que quienes usan patinetas eléctricas no requieren matrículas, licencias de conducción ni seguros obligatorios (SOAT), los motociclistas deben cumplir con todos estos requisitos para circular. Esta distinción responde al tipo de vehículo, la potencia permitida y su uso previsto en el espacio público. Para patinetas eléctricas, el énfasis está puesto en límites de velocidad, rutas permitidas y condiciones de circulación, mientras que las motocicletas, por su mayor potencia y nivel de riesgo, están sujetas a controles más estrictos. Esta diferenciación busca incentivar formas de movilidad personal más sostenibles y seguras, al tiempo que asegura la protección de todos los actores viales.