Ministerio de Educación propone reforma para ampliar gestión privada y religiosa en colegios públicos de Colombia

El Ministerio de Educación, dirigido por Viviane Morales, publicó recientemente un proyecto de decreto que ha provocado amplias discusiones en el país. Esta iniciativa busca modificar artículos clave del Decreto 1075 de 2015, que regula la educación en Colombia. La propuesta, difundida para comentarios públicos, solo estuvo disponible cinco días calendario, a pesar de que la normativa exige un mínimo de quince. Según la memoria justificativa del Ministerio, la urgencia responde a la necesidad de que varias entidades territoriales realicen contratos próximos a vencer, lo que requeriría acelerar el proceso normativo. A raíz de esto, numerosos ciudadanos han solicitado, a través del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), más tiempo para el debate público.

El cambio central gira en torno a los denominados “colegios en administración” o “colegios en concesión”. Morales explicó, mediante un video, que la reforma introduce precisiones jurídicas para que entidades territoriales, respaldadas por organizaciones privadas con experiencia pedagógica y administrativa, gestionen establecimientos educativos oficiales. Aclaró que en este esquema los colegios seguirían siendo públicos y la responsabilidad, dirección y control del servicio educativo quedaría en manos estatales, aunque se delegaría parte de la administración a un tercero privado.

Esta propuesta ha sido severamente cuestionada. Ricardo Moreno Patiño, exviceministro de Educación Superior, manifestó en sus redes que la medida permitiría que particulares organicen y administren colegios públicos, algo que, según su visión, podría significar una privatización disfrazada. Daniel Rojas, exministro de Educación, argumentó en video que el proyecto viola la Ley 715 de 2001 —que regula los recursos educativos— porque solo prevé contratación con privados por insuficiencia en la red pública, mientras la nueva figura permitiría estos acuerdos sin que exista dicha necesidad.

Un punto polémico es la duración de los contratos: la propuesta establece un plazo máximo de doce años, lo cual, para críticos como Rojas, implicaría que un estudiante podría cursar todo su ciclo sin tener contacto con un colegio enteramente estatal. Además, el borrador abre la puerta a que iglesias o confesiones religiosas gestionen estrategias pedagógicas. Natalia Moreno, congresista del Pacto Histórico, se opone a que en un Estado laico existan contratos para que actores religiosos manejen instituciones públicas. Morales, en contraste, sostiene que el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 ya permite ese tipo de colaboración.

Finalmente, se debate la disposición que establece vínculos laborales privados para el personal docente y administrativo contratado por el gestor, lo que, según críticos, podría precarizar condiciones frente al personal oficial. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y diversos actores han pedido retirar el proyecto y solicitaron una reunión con la ministra, que aún no ha ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios al Decreto 1075 de 2015 propuestos por el Ministerio de Educación?

El proyecto busca clarificar el modelo de colegios en administración permitiendo que organizaciones privadas, incluidas confesiones religiosas, gestionen establecimientos educativos públicos a través de contratos de hasta doce años. Aunque la propiedad y control estatal se mantendrían, la administración y contratación del personal serían privadas, y se permitiría la colaboración sin que medie insuficiencia en la red pública, lo que ha generado controversias sobre privatización y derechos laborales.

¿Por qué el proyecto de decreto del Ministerio de Educación ha causado polémica?

El proyecto ha generado discusión porque amplía la participación privada y religiosa en la gestión de colegios públicos, reduce el tiempo para la consulta ciudadana y habilita contratos laborales sujetos al derecho privado, aspectos que críticos consideran pueden significar una privatización “encubierta” y un retroceso en derechos laborales y en la laicidad del Estado.