Chivas, minga y multas: la polémica llegada indígena a Cali que puso a prueba el control vial

La ciudad de Cali fue escenario de la llegada de la minga indígena el pasado 13 de abril, en el marco de un recorrido que tuvo como objetivo comunicar y fortalecer posiciones políticas en el suroccidente colombiano. La movilización, encabezada por la senadora Aída Quilcué –quien hace parte de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda–, reunió a comunidades indígenas y ciudadanos tras haber pasado por municipios de fuerte tradición organizativa como Tumaco, Ipiales, Pasto y Popayán. La cita en la Plazoleta Jairo Varela de Cali consiguió aglutinar a centenares de personas que esperaban el arribo de la caravana, la cual se desplazó en buses escalera, conocidos popularmente como chivas, vehículo emblemático en diversos sectores rurales y utilizados en estos contextos para movilizar grupos numerosos.

La considerable afluencia no solo ocupó espacios públicos relevantes de la ciudad, sino que también implicó desafíos logísticos y de control. Por ello, la Secretaría de Movilidad local dispuso de operativos de vigilancia para supervisar el cumplimiento de las normas viales, una medida rutinaria pero esencial en eventos de alta concentración. De acuerdo con declaraciones del subsecretario de Movilidad, Jorge Escobar Nieto, se identificaron irregularidades pese a los acuerdos adelantados con los organizadores. Uno de los principales hallazgos fue que algunos de los buses eludieron la visibilidad de sus placas, cubriéndolas con banderas o telas, maniobra que imposibilitó una adecuada identificación por parte de las autoridades competentes.

Otro aspecto relevante, y catalogado como riesgoso, fue el transporte de personas en lugares no habilitados del vehículo, como el techo o las partes externas. Después de que los agentes de tránsito presentaron llamados de atención, hubo conductores que corrigieron la situación, mientras que otros persistieron en la infracción. Esto obligó a que se impusieran comparendos, pues tales prácticas ponen en peligro no solo la seguridad de los pasajeros, sino la del resto de los ocupantes de la vía.

Se reportó también que, a pesar de la interlocución previa con los equipos de logística y seguridad de la minga, algunos incumplimientos resultaron inevitables en medio de la multitud y la efervescencia del evento. En consecuencia, las autoridades emitieron sanciones conforme a la normativa establecida. Las multas dirigidas a las chivas se relacionaron primordialmente con el sobrecupo y el encubrimiento de placas, aspectos clasificados como graves en materia de control vial. En particular, el hecho de movilizar personas en condiciones no reglamentarias ameritó una sanción de 15 salarios mínimos legales vigentes, mientras que la cobertura o alteración de la visibilidad de la placa atrajo una multa de 8 salarios mínimos legales vigentes, todo según la regulación actual de tránsito.

Este episodio evidencia la tensión frecuente entre la expresión colectiva de derechos políticos y sociales y la responsabilidad de garantizar la seguridad vial en contextos urbanos. Las acciones de las autoridades buscan mantener el equilibrio entre la protesta legítima y la legalidad que debe imperar para proteger la vida e integridad de los participantes y la ciudadanía general.

¿Cuáles son las obligaciones principales que deben cumplir los vehículos usados en movilizaciones colectivas?

La participación en grandes movilizaciones implica que los vehículos utilizados para el transporte masivo, como las chivas, estén sujetos a una reglamentación específica con el fin de preservar la seguridad de todos los involucrados. Entre las obligaciones principales figura portar las placas de identificación plenamente visibles y no transportar personas en espacios riesgosos, como techos o exteriores del vehículo. Estas reglas, según la normativa divulgada por la Secretaría de Movilidad durante la jornada, obedecen no solo al cumplimiento legal, sino también a la prevención de accidentes en recorridos que suelen movilizar importantes volúmenes de personas.

Este tipo de control refuerza la importancia de la coordinación previa entre los responsables de la logística de las marchas y las autoridades municipales, con el propósito de garantizar tanto el respeto a los derechos de manifestación como la integridad de los manifestantes y conductores. El caso reportado en Cali subraya el valor de dicha coordinación y la necesidad de cumplir estrictamente la normativa, dada la magnitud de los eventos y sus posibles repercusiones.