Oro, poder y tensión en el Bajo Cauca: minería, crimen y una batalla por la tierra en La Mandinga

El escándalo que ha surgido tras la publicación de un informe por parte de The New York Times ha puesto en el centro de la conversación pública la compleja relación entre la minería ilegal y la presencia de grupos armados en la región del Bajo Cauca, Antioquia. En el epicentro de la controversia se encuentra una operación de extracción minera presuntamente vinculada al Clan del Golfo, ubicada en las inmediaciones del Batallón de Infantería 31 Rifles, zona limítrofe entre los municipios de Caucasia y Cáceres. Sin embargo, según lo manifestado por la Gobernación de Antioquia y los registros de la escritura pública de 1988, surgen serias discrepancias sobre los verdaderos límites del predio militar, lo que ha generado incertidumbre respecto a si la mina invade o no terreno de la fuerza pública.

Para abordar la problemática, el Ministerio de Defensa, junto a representantes de otros ministerios e integrantes del sector minero, visitó el sector el 29 de abril. El propósito de la comitiva era discutir y definir medidas frente a la minería ilegal que proliferó no solo en ese enclave, sino también en las más de 2.000 hectáreas de la finca La Mandinga. Este predio, que en el pasado perteneció a grupos paramilitares, fue embargado en 2013, de acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y destinado posteriormente al Fondo para la Reparación de las Víctimas tras su extinción de dominio en 2020, bajo directrices judiciales del Tribunal Superior de Bogotá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó a El Espectador la confusión existente entre lo descrito por la Gobernación y la escritura pública, subrayando que solo una revisión judicial precisa podrá esclarecer si las actividades mineras en cuestión se están efectuando dentro o fuera de la propiedad militar. Aun así, insistió en la gravedad de la minería criminal, fenómeno arraigado en factores sociales y económicos que ha llevado a miles de personas a depender de esta actividad, muchas veces con un alto costo ambiental y social para la región.

En el Bajo Cauca, los estragos de la minería son evidentes: la deforestación avanza, grandes extensiones se transforman en áridos paisajes de barro y huecos profundos excavados por maquinaria pesada, mientras en los ríos, dragas de gran tamaño extraen oro a costa de vertidos contaminantes que degradan los ecosistemas acuáticos. La magnitud del fenómeno ha consolidado prácticas y economías informales en torno a la explotación aurífera.

En este contexto, las autoridades buscan imponer controles y promover soluciones integrales. Las primeras reuniones con los mineros, como la celebrada en el Batallón 31 Rifles, contaron con una nutrida asistencia de líderes locales, entre ellos Karen Viviana Romero, vicepresidenta de la Asociación Mandinga. Romero destaca el papel social y la legitimidad legal que varios mineros atribuyen a su labor, aunque enfrentan restricciones legales debido a la mecanización de sus procesos, pues el uso de motores y maquinaria ligera los excluye del reconocimiento como minería tradicional. Esta diferencia ha generado tensiones entre el Gobierno y los mineros organizados, que argumentan la necesidad de actualizar las normativas ante los cambios en las condiciones de extracción.

Según la Asociación Mandinga, unas 162 hectáreas poseen ya títulos de formalización minera, mientras existen 17 solicitudes pendientes de autorización. Sin embargo, el control militar y estatal sigue generando incidentes frecuentes como la incautación de maquinaria, lo que, de acuerdo con la lideresa Romero, perpetúa un ciclo de tensiones y dificultades operativas para quienes dependen económicamente del oro.

Las cifras ilustran el impacto social: la Asociación Mandinga reúne a 89 unidades productivas, con cerca de 900 trabajadores, muchos de los cuales carecen de otras alternativas de empleo formal en la región. En medio de la precariedad económica, la demanda de estabilidad laboral y mejores condiciones de vida se enfrenta a la necesidad de regulación y al riesgo de infiltración de intereses criminales, pues, según el ministro Sánchez, solo el 30% de la actividad correspondería realmente a minería tradicional, mientras el resto incrementa el poder de grupos como el Clan del Golfo.

Las investigaciones sobre los límites del predio militar y la transparencia en la conducta de los oficiales permanecen en curso. El ministro de Defensa advirtió que se diferenciará entre omisiones administrativas y posibles complicidades, subrayando la importancia de evitar la corrupción y el aprovechamiento criminal en torno a este tipo de economías ilegales.

¿Qué diferencia hay entre minería tradicional y minería mecanizada?

La distinción entre minería tradicional y minería mecanizada es fundamental para comprender los conflictos actuales en La Mandinga y el Bajo Cauca. La minería tradicional, según los estándares legales colombianos, implica procesos manuales que emplean herramientas básicas como picos, palas y bateas, en especial en manos de pequeños barequeros que por generaciones han extraído oro en la región sin utilizar maquinaria pesada.

En contraste, la mecanización implica el uso de motores, bombas y retroexcavadoras, lo que permite extraer mineral a mayor escala y profundidad. Si bien representa una respuesta a la dificultad de encontrar oro en la superficie, este método ha sido objeto de estigmatización y endurecimiento de controles, ya que es asociado a prácticas ilegales y a cadenas de valor dominadas por grupos armados. La falta de actualización normativa frente a estas nuevas realidades productivas ha llevado a una zona gris legal que afecta directamente a la vida y subsistencia de cientos de familias dependientes de esta economía.