Minas antipersonales y confinamientos en Colombia: cómo afectan la movilidad y derechos en zonas rurales

El uso de artefactos explosivos en Colombia continúa siendo una grave amenaza para miles de personas que habitan zonas rurales. Para muchos ciudadanos, la presencia de minas antipersonales no solo restringe su movilidad, sino que la imposibilita completamente. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, estos elementos han generado confinamientos en varias regiones del país, afectando actividades cotidianas como el acceso a cultivos o incluso a centros educativos. Esto significa que, en muchos casos, desplazarse por el territorio representa un peligro mortal para las comunidades.

La mayoría de los confinamientos en Colombia se originan por normas impuestas por grupos armados organizados. Estas organizaciones determinan horarios de tránsito y elaboran manuales de convivencia que dictan quién puede desplazarse y en qué momentos. Sin embargo, como destaca El Espectador, las minas antipersonales han profundizado aún más las restricciones para las poblaciones ya confinadas, vulnerando derechos fundamentales y exponiendo a los habitantes a riesgos permanentes.

Hernando Enríquez, director de la organización no gubernamental Humanity & Inclusion (HI), explicó a El Espectador que la labor de desminado humanitario va mucho más allá de intervenir físicamente los territorios. Para esta ONG, que hace parte de cinco organizaciones que recorren el país retirando explosivos, el proceso implica indagar de la mano de las comunidades dónde se encuentran los artefactos, generar confianza, y aplicar procedimientos rigurosos que pueden extenderse por semanas o meses. Enríquez señala que “las minas y municiones sin explosionar son una consecuencia del pasado que sigue generando amenazas en el presente”, aclarando que, aunque no sean una estrategia de confinamiento directamente, sí han permitido el control territorial y han restringido la libre movilidad en diversos municipios.

El trabajo de estos equipos abarca desde extensas haciendas en Córdoba hasta zonas montañosas en Antioquia. Allí, las minas afectan la vida diaria de las personas, limitando el acceso a la educación y a la agricultura, y exponiendo especialmente a niños y niñas: en Tierralta, por ejemplo, algunos estudiantes hallaron artefactos explosivos en las vías y los llevaron accidentalmente a sus colegios, poniendo en alto riesgo a toda la comunidad educativa. Así, el miedo y la necesidad de ayuda humanitaria se instalan en lugares donde la violencia persiste aún después de la retirada parcial de grupos armados.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 123 municipios colombianos se presentan confinamientos causados por actores armados. Por su parte, Acción Integral Contra Minas (AICMMA) identificó 619 municipios con presencia de artefactos explosivos activos. Además, existen al menos 115 municipios que viven ambas problemáticas de manera simultánea, según indicó Enríquez, lo que limita severamente la movilidad y afecta derechos fundamentales de la población.

¿Cómo afecta la presencia de minas antipersonales la vida cotidiana en las zonas rurales de Colombia?

La presencia de minas antipersonales en distintas regiones de Colombia limita la movilidad de sus habitantes y convierte actividades básicas como cultivar, pastorear ganado o ir a la escuela en riesgos potencialmente mortales. Estas amenazas generan miedo, restringen el acceso a servicios esenciales y provocan la sensación de encierro y vulnerabilidad, afectando gravemente la vida diaria de las comunidades, según información de El Espectador y datos proporcionados por organizaciones humanitarias.

¿Cuántos municipios en Colombia están afectados por minas antipersonales y confinamientos según OCHA y AICMMA?

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 123 municipios presentan confinamientos relacionados con la actividad de grupos armados organizados. Por otro lado, Acción Integral Contra Minas (AICMMA) reporta que hay artefactos explosivos en 619 municipios del país. Además, al menos 115 municipios experimentan simultáneamente ambas problemáticas, lo que agrava las condiciones humanitarias y sociales de sus habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.