Coronel retirado pide perdón en la JEP a las madres de Soacha por ‘falsos positivos’

En una audiencia que duró más de 6 horas en la Jurisdicción Especial para la Paz, el teniente coronel (r) Jesús Rincón Amado pidió perdón a familiares de las víctimas por 5 ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2008.

“Desde ya y como siempre lo he manifestado, pido perdón a cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno que ha causado a la gran mayoría de las personas de nuestra Colombia un dolor en sus corazones”, manifestó Rincón, quien era el jefe de operaciones de la Brigada 15 del Ejército.

Rincón ofreció disculpas y se presentó a la JEP junto con 2 suboficiales y 11 soldados profesionales. Según se declaró en la audiencia, Rincón Amado aparentemente emitió la autorización para que unidades militares bajo su mando instalaran un retén falso y el operativo en el que simularon el enfrentamiento contra guerrilleros, en el que se vieron implicados dos de las víctimas.

La importancia de las declaraciones de militares en la JEP se evidencia en el testimonio de las propias víctimas, como el que dio a conocer el diario El Tiempo en la voz de Idaly Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo, desaparecido, muerto y presentado como guerrillero por la Brigada 15, en el mismo tribunal donde estaban, frente a frente, víctimas y victimarios.

“He esperado estos 10 años de audiencias para escuchar a los señores implicados, espero que de verdad se acojan a la justicia plena para saber la verdad. Esto es muy importante para las víctimas para que tengamos un poquito de alivio en el alma”, dijo Garcerá, citada por El Tiempo.

A los 14 militares se les acusa de la muerte de Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Diego Alberto Tamayo Garcerá, cuyos familiares asistieron a la audiencia, algunos de ellos con camisetas en las que tenían impresas imágenes de las víctimas mortales.

Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad y penas alternativas de 5 a 8 años de prisión para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra.

No obstante, se prevén sanciones ordinarias de entre 15 y 20 años de prisión para quienes no admitan su responsabilidad y sean condenados por esa jurisdicción.

El Tiempo reveló también que la fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación solicitó una audiencia privada para analizar las condiciones de seguridad de las madres de Soacha, debido a las amenazas que han recibido y continúan llegando por pedir justicia para estos y otros casos, como los de Ocaña en Norte de Santander. Dicha audiencia fue concedida por la JEP.