Rechazan demanda contra Miguel Uribe: le querían hacer una maldad en este crítico momento

Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra en la Fundación Santa Fe, luchando por recuperarse del atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón (Bogotá), fue objeto de una demanda con la cual esperaban que se declarara su pérdida de investidura, por parte de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y Sinsergen Mindefensa.

El Consejo de Estado rechazó esta demanda, alegando que el senador no se habría aprovechado de su posición como congresista para obtener ventajas en su aspiración electoral. Incluso, en la querella se menciona que debido a eso, Uribe expuso su vida, tal y como sucedió con el ataque sicarial, lo que causó indignación entre muchos ciudadanos.

Fue el magistrado Luis Álvarez, actual presidente de esa corporación, quien negó de tajo esta solicitud y dando un espaldarazo a la familia del senador, que en estos momentos enfoca toda su energía en la recuperación de Miguel y no en líos políticos.

(Vea también: ¿Qué es la traqueostomía y la gastrostomía? Últimas cirugías que le hicieron a Miguel Uribe)

Hasta el momento, no se conocen más razones para que se negara la pérdida de investidura de Miguel Uribe, pero se espera que con el paso de las horas el Consejo de Estado entregue más pistas al respecto y así la opinión pública sepa los motivos para respaldar esta decisión.

¿Qué es la pérdida de investidura en Colombia?

La pérdida de investidura, en el contexto jurídico colombiano, es una figura de control disciplinario y ético que busca salvaguardar la probidad y la dignidad de los cargos de elección popular. En esencia, es una sanción impuesta por el Consejo de Estado o, en algunos casos, por los tribunales administrativos, que inhabilita a un funcionario elegido democráticamente (como congresistas, diputados, concejales, alcaldes o gobernadores) para continuar ejerciendo su cargo, despojándolo de su investidura y de los derechos políticos inherentes a ella.

Su objetivo primordial es garantizar la transparencia, la moralidad pública y la sujeción de los servidores públicos a la Constitución y la ley, actuando como un mecanismo de depuración del sistema democrático frente a actuaciones que contradicen los principios de la función pública.

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