Hasta 20 veces a Miguel Uribe le negaron refuerzo de seguridad; cartas lo comprueban

El senador Miguel Uribe Turbay, en el marco de su campaña presidencial y ante la necesidad de desplazarse constantemente por diferentes ciudades del país, presentó desde enero de 2025 al menos 20 solicitudes formales a la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el propósito de reforzar su esquema de seguridad.

(Vea también: Miguel Uribe sí pidió mayor protección, pero se la habrían negado desde la UNP)

Así lo revelaron La W y Noticias RCN, que accedieron a la serie de documentos y respuestas que evidencian las negativas sistemáticas por parte de la entidad.

Las comunicaciones enviadas por Uribe Turbay y su equipo estuvieron fundamentadas en la legislación nacional vigente, específicamente en el artículo 34 de la Ley 2063 de 2020 y en precedentes judiciales relevantes.

En ellas se solicitaban refuerzos, como la asignación de un vehículo blindado y escoltas, para garantizar su protección durante actividades y reuniones políticas en ciudades como Cali, Medellín, Santa Marta, Neiva, Cúcuta, Ibagué y otras regiones a lo largo y ancho del país.

Sin embargo, tanto Uribe Turbay como los miembros de su círculo cercano confirmaron a La W que todas estas peticiones fueron rechazadas.

“Cuando salíamos de Bogotá no teníamos ni un escolta, ni carro blindado. Ante esa preocupación se planteaban las solicitudes. Y todas fueron rechazadas pese a la condición extraordinaria que la propia entidad le había dado al estudio de seguridad del senador”, afirmó un colaborador que pidió mantener su identidad en reserva.

De acuerdo con las explicaciones proporcionadas por la UNP –respaldadas en documentos obtenidos por La W– el convenio inter administrativo vigente entre la UNP y el Congreso de la República no contemplaba la inclusión de viáticos, desplazamientos, o mayores prestaciones para la protección de los senadores, limitando su apoyo únicamente a los componentes básicos del esquema, como el personal, armamento y medios de comunicación, pero sin cubrir traslados adicionales o vehículos blindados en giras nacionales.

¿Cómo regula la ley la protección a senadores en Colombia?

Según el marco normativo, la UNP y la Policía Nacional están encargadas de la protección de los altos funcionarios públicos en riesgo extraordinario, tal como lo estipula el Decreto 1066 de 2015 y la Ley 2063 de 2020. Sin embargo, el propio convenio inter administrativo entre el Senado y la UNP aclara que los recursos asignados por la entidad están circunscritos a gastos específicos y no cubren servicios complementarios como viáticos, desplazamientos, peajes o combustibles.

En su más reciente respuesta al senador Uribe, la UNP explicó que, aun cuando en la etapa precontractual propuso la inclusión de estos apoyos, el Congreso decidió no pactarlos dentro del convenio final por razones presupuestales. Por tanto, la entidad argumentó que no era posible otorgar apoyos adicionales para los desplazamientos, limitándose a cumplir con lo pactado.

Ante esta situación, Uribe Turbay y su equipo se vieron en la necesidad de recurrir a recursos propios o a redes de apoyo entre amigos para movilizarse a lo largo de su campaña, según lo manifestado por sus allegados a La W.

Estos hechos han reabierto el debate sobre los alcances reales de los esquemas de protección para los congresistas y candidatos presidenciales en Colombia, especialmente cuando se encuentran expuestos a riesgos fuera de la capital.