¿Corre peligro el agua de Cali? Alerta por mercurio y minería ilegal en los Farallones

La presencia de posibles restos de mercurio en las fuentes hídricas de Cali ha despertado inquietud en el Concejo municipal, ya que la ciudadanía depende en gran medida del agua que proviene de los Farallones, una región vital para el suministro al área urbana. El debate surgió a raíz de las advertencias sobre la contaminación causada por actividades de minería ilegal, especialmente en los ríos Pichindé y Felidia, cuyas aguas alimentan la planta de tratamiento Río Cali. Según se expuso ante el Concejo, alrededor de 600 mil habitantes dependen directamente de este recurso, lo cual eleva la preocupación por la posible afectación en la calidad del agua.

Durante una reunión que convocó a comunidades rurales afectadas, autoridades municipales y representantes del Gobierno Nacional, se abordaron las consecuencias derivadas de la extracción ilegal de minerales en la zona montañosa. Especialmente, se puso énfasis en la amenaza de que estas prácticas incrementen la presencia de contaminantes, como el mercurio, en el sistema de abastecimiento de agua que llega a los hogares caleños.

En dicho encuentro, los participantes enfatizaron la importancia de evaluar cuidadosamente el estado del agua y, en caso de identificarse agentes contaminantes, adoptarse medidas para prevenir riesgos al bienestar de la población. Frente a este contexto, la alerta sanitaria se mantiene a la espera de verificaciones que confirmen o descarten la presencia de residuos peligrosos.

La vicepresidenta del Concejo, María del Carmen Londoño Sanna, desempeñó un papel clave en la jornada, pues escuchó directamente a los habitantes de corregimientos como La Leonera, Los Andes y Pichindé, recibiendo denuncias sobre la grave situación ambiental que los afecta. Solicitó mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Policía y el Ejército, con el objetivo de realizar operativos que permitan frenar el avance de la minería ilegal, reconocida como el principal factor de riesgo en la zona.

También pidió a la Secretaría de Salud que inspeccione la bocatoma de la planta Río Cali para diagnosticar cualquier alteración en la calidad del agua, particularmente la posible presencia de mercurio, un contaminante asociado a este tipo de actividades. Además, exhortó a la Secretaría de Gestión del Riesgo a analizar detalladamente las condiciones del territorio comprometido e insistió en la necesidad de abrir espacios de debate político que permitan discutir a fondo la crisis y articular soluciones institucionales.

Según se relató en el encuentro, la presencia de explotación ilícita y de actores armados en el sector rural ha complicado la situación, exigiendo un control más estricto y coordinado por parte de las entidades responsables.

Los habitantes de Los Andes recordaron que esta problemática tiene precedentes: en 2018 se documentaron casos similares, lo que evidencia la persistencia de la minería ilegal y la limitada efectividad de las intervenciones estatales. Las extracciones afectan cuencas que abastecen la ciudad y avanzan desde diversas áreas como Jamundí, Pance y zonas altas de La Leonera.

La respuesta de la comunidad ha sido insistente: en abril de 2026, remitieron solicitudes formales a 20 instituciones estatales y a órganos de control nacionales e internacionales, exigiendo medidas urgentes. Han planteado establecer mesas de trabajo permanentes para fortalecer la vigilancia en la región, impedir accesos no autorizados al Parque Nacional Natural Farallones y aumentar la presencia de la fuerza pública.

¿Por qué el mercurio se asocia a la minería ilegal?

El vínculo entre mercurio y minería ilegal es recurrente en contextos como el de los Farallones, ya que este elemento químico se utiliza frecuentemente en la extracción y procesamiento de minerales, especialmente oro. La liberación no controlada de mercurio durante estas actividades representa un reto ambiental y sanitario significativo, pues puede alcanzar fuentes hídricas y poner en riesgo la salud de miles de personas.

La preocupación radica en que la contaminación por mercurio puede ser persistente y difícil de revertir. Ante la magnitud y continuidad de la minería ilegal denunciada por las comunidades y autoridades, se hace necesaria una articulación institucional efectiva para proteger tanto el recurso hídrico como el equilibrio ecológico del territorio.