Médico condenado a cárcel por cirugía estética mortal: negligencia, amenazas y clínicas cerradas en Colombia

Gabriel Agámez Moreno, médico general, fue sentenciado en primera instancia a 48 meses de prisión por el delito de homicidio culposo, a raíz de una intervención estética que se caracterizó por negligencia. Según las investigaciones, los hechos tuvieron lugar el 28 de febrero de 2020, cuando Luz Dary Silva, una mujer de 32 años, se sometió a un procedimiento invasivo en una clínica privada ubicada en Barrancabermeja, Santander. El procedimiento, realizado por Agámez Moreno, involucró varias zonas del cuerpo de la paciente, tales como el abdomen, la espalda y los glúteos.

Tras la intervención, el estado de salud de Luz Dary Silva se deterioró rápidamente por una infección grave en la pared abdominal y daños derivados de lesiones traumáticas. Esta situación desencadenó su fallecimiento tan solo tres días después del procedimiento, como consecuencia directa de las complicaciones derivadas de la cirugía. El caso atrajo la atención de las autoridades, quienes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades. Medicina Legal, órgano encargado de la investigación forense, determinó que Gabriel Agámez Moreno no contaba ni con la especialización ni con la licencia necesaria para practicar cirugías estéticas de esta índole, ya que solo poseía el título de médico general y no el de cirujano plástico.

A raíz de estos hallazgos, la clínica donde se llevó a cabo el procedimiento fue clausurada permanentemente. Adicionalmente, como parte de la condena, a Agámez Moreno se le prohibió ejercer la medicina por 60 meses (cinco años) y se le impuso una multa de hasta 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Revelaciones posteriores dejaron en evidencia que el profesional ejercía procedimientos estéticos sin acreditar la formación correspondiente ni contar con los permisos requeridos. Según el testimonio de Samuel Velázquez, esposo de la víctima, Agámez Moreno operaba también en otras ciudades como Barranquilla, Bogotá y Medellín, gestionando un total de siete clínicas.

Velázquez relató a El Tiempo que, tras conocerse la sentencia, debió abandonar la ciudad en dos ocasiones motivado por amenazas de muerte. Su denuncia fue clave para el cierre de esas clínicas y puso en evidencia la falta de controles en el ejercicio de la medicina estética en varias regiones. Además, mencionó que el anestesiólogo presente durante la intervención presentaba títulos obtenidos en México, los cuales no fueron convalidados por el Ministerio de Educación debido a fallas en horas y requisitos.

La condena sobre Agámez Moreno reabrió el debate sobre la proliferación de casos de mala praxis en cirugías estéticas en Colombia, especialmente cuando son ejecutadas por personal sin la capacitación ni los títulos adecuados. Posterior al caso de Luz Dary Silva, surgieron nuevas denuncias públicas de pacientes que se vieron afectadas por las intervenciones del médico en otras ciudades, lo que pone de manifiesto el riesgo latente que enfrentan quienes buscan procedimientos estéticos en establecimientos que no cumplen la regulación o utilizan profesionales no habilitados oficialmente. Estos hechos reflejan la necesidad de mayores controles y sanciones por parte de las autoridades para evitar tragedias similares.

¿Qué implica ser declarado culpable por homicidio culposo en Colombia?

La condena por homicidio culposo, como la impuesta a Gabriel Agámez Moreno según El Tiempo, corresponde a aquellos casos en los que la muerte de una persona ocurre por causa de negligencia o falta de previsión del responsable, sin que haya intención dolosa de matar. En el ámbito médico, esto suele estar asociado a errores profesionales que resultan fatales, muchas veces relacionados con la falta de idoneidad, atención indebida o la omisión de protocolos establecidos.

Este tipo de sentencia genera consecuencias tanto penales como profesionales para el condenado: prisión, prohibición de ejercer la profesión por un periodo determinado y la imposición de multas económicas. En el contexto colombiano, recopilar y verificar antecedentes, así como exigir certificaciones válidas a los profesionales, resulta fundamental para reducir los riesgos derivados de la mala praxis, y contribuir así a la protección de los pacientes.