Medicina Legal propone ajustes al decreto sobre coordinación forense en muertes durante operaciones de la fuerza pública

El Instituto Nacional de Medicina Legal, a través de una carta firmada por su director general, Ariel Emilio Cortés Martínez, expresó sus observaciones al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, acerca de un borrador de decreto elaborado por esa cartera. Dicho instrumento busca establecer directrices sobre la coordinación de acciones institucionales tras fallecimientos en operaciones lideradas por la fuerza pública. De acuerdo con el Instituto, el proyecto aclara varios procedimientos clave, como la preservación inicial de la escena y el aviso inmediato a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, Medicina Legal cree necesario realizar ajustes puntuales desde la perspectiva médico-legal, tal y como lo explicó en la misiva remitida al ministro.

Entre las recomendaciones más destacadas, el Instituto sugiere que el decreto precise que todas las decisiones sobre el lugar donde se llevará a cabo la necropsia —así como otros procedimientos forenses— deben coordinarse de forma directa con Medicina Legal. Esta sugerencia obedece a las diversas capacidades entre sedes: no todas cuentan con equipos para casos complejos, muertes múltiples o cuerpos en condiciones especiales. Además, requieren la intervención de distintas disciplinas como patología, antropología, odontología, radiología, genética y toxicología, según indica el documento citado por El Espectador.

El Instituto enfatizó la importancia de que la coordinación inicie desde el primer conocimiento del suceso. Plantea que las sedes de abordaje, funcionarios y apoyos se organicen rápidamente y no esperen la llegada de los cuerpos para empezar la planificación técnica y operativa. Igualmente, Medicina Legal advirtió que remitir el caso a la sede geográficamente más cercana podría afectar la integridad del examen, la conservación de evidencias y la aplicación uniforme de protocolos forenses. Por eso, entre las sugerencias, propone que el decreto establezca explicitamente la coordinación entre las Fuerzas Militares y Medicina Legal antes de decidir a qué sede se remitirá el caso, respetando las competencias institucionales.

Otras recomendaciones abordan la manipulación y traslado de cuerpos. El Instituto señaló que deben quedar bajo preservación y no ser movilizados, salvo en situaciones estrictamente necesarias, como una urgencia humanitaria. Además, advierte sobre el plazo de 36 horas para informes ejecutivos previsto en la ley, aclarando que no refleja el tiempo real de las necropsias o análisis forenses y pide evitar malinterpretaciones que restrinjan la duración de estos estudios.

En cuanto al tratamiento de los cuerpos, Medicina Legal considera adecuada la norma que prohíbe condicionar la entrega a trámites funerarios o información familiar, aunque subraya que siempre se debe conservar la opción de procedimientos adicionales ordenados por autoridades competentes.

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¿Qué recomendaciones hizo Medicina Legal sobre el decreto de coordinación con la fuerza pública?

El Instituto Nacional de Medicina Legal recomendó fortalecer el decreto para que la coordinación y toma de decisiones sobre la necropsia y otros procedimientos forenses se realicen siempre de la mano con la entidad, considerando aspectos técnicos, de seguridad y operativos. Además, sugirió que no se traslade ni manipule el cuerpo salvo casos excepcionales y que la sede para abordar cada caso se decida mediante coordinación previa, no solo por cercanía geográfica.

¿Por qué alerta Medicina Legal sobre el plazo de 36 horas para el informe ejecutivo?

El Instituto indica que el plazo de 36 horas, tomado del artículo 205 de la Ley 906 de 2004, se refiere únicamente al informe policial y no cubre el tiempo que requieren las necropsias u otros procedimientos forenses. Por ello, piden que no se interprete como una limitación para los análisis técnicos, que pueden demandar más tiempo según la complejidad de cada caso.