María Victoria Llorente analiza los retos de la paz en Colombia y la evolución de las políticas de seguridad y justicia

María Victoria Llorente, politóloga egresada de la Universidad de los Andes, se ha consolidado como una de las analistas más influyentes en temas de conflicto armado, crimen organizado, seguridad y políticas de paz en Colombia. Su experiencia incluye estudios en el Instituto de Ciencia Política de París y en instituciones de defensa tanto en Colombia como en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, ha contribuido como consultora en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, además de desempeñar roles de asesoría en el Ministerio de Defensa y la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional. Desde hace dos décadas dirige la Fundación Ideas para la Paz, espacio desde el cual ha liderado investigaciones clave.

Entre sus aportes destaca el libro ‘La danza y el martillo. 25 años de decisiones frente a la violencia organizada en Colombia’, escrito en colaboración con Juan Carlos Garzón. Según señala Llorente, citado en la entrevista, la investigación permitió reconstruir cómo las decisiones en materia de seguridad y negociación han sido acumulativas y no definitivas. Cada gobierno arrastra el legado del anterior, lo que obliga a negociar continuamente con diferentes actores y evita que los procesos tengan cierres “limpios”. En este sentido, Llorente advierte que estereotipos, como la idea de una política exclusivamente militar bajo el mandato de Álvaro Uribe o concebir el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos como inmóvil, son simplificaciones que no reflejan la complejidad real. A juicio de la autora, el país vive ciclos inconclusos, donde tras cada negociación o política pública persisten conflictos sin resolver.

Llorente identifica que, tras la desmovilización paramilitar, surgieron rápidamente nuevas estructuras criminales conocidas como Bacrim (bandas criminales), lo que evidenció que la desmovilización fue solo parcial. De acuerdo con la experta, la economía ilegal siguió siendo un incentivo y las estructuras de poder permanecieron. Además, explica que el modelo de Justicia y Paz, aunque pionero como mecanismo de justicia transicional, aún no ha terminado de resolver todos los casos pendientes, lo que ha llevado a nuevas reflexiones, como el marco legal para la paz en el gobierno de Santos.

Respecto al acuerdo con las Farc, Llorente sostiene que la aparición de disidencias estaba ligada a mandos medios reacios a abandonar economías ilegales y que la violencia actual está más vinculada a disputas entre grupos ilegales por estas rentas que al enfrentamiento abierto con el Estado. La autora resalta que, si bien se logró reducir significativamente los homicidios en las primeras dos décadas del siglo XXI, la fragmentación y reconfiguración de la violencia en el país continúan siendo desafíos. Señala también la importancia de entender la interrelación entre economías legales e ilegales y advierte que la recurrente decepción frente al Estado obedece a la dificultad histórica de implementar políticas integrales y sostenidas. Para Llorente, el avance es innegable, pero el reto sigue siendo pensar la paz más allá del catastrofismo y la esperanza de cierres totales.

¿Por qué las políticas de conflicto armado en Colombia no han logrado consolidar una paz duradera?

Según el análisis expuesto en el libro y en las reflexiones de María Victoria Llorente, las políticas sobre conflicto armado y seguridad en Colombia sufren de una acumulación de ciclos inconclusos. Cada gobierno introduce ajustes, pero debe negociar con las decisiones previas y con actores del Congreso, la justicia y la sociedad, lo que dificulta imponer cambios radicales o alcanzar cierres definitivos. Las estructuras ilegales y los incentivos relacionados con las economías ilícitas persisten, generando un reacomodamiento constante de la violencia y dificultando la consolidación de una paz integral.

¿Qué es la justicia transicional y cómo ha funcionado en Colombia?

La justicia transicional es un mecanismo legal creado para afrontar delitos cometidos durante conflictos armados o períodos de violencia, con el objetivo de lograr verdad, justicia y reparación. En Colombia, el modelo de Justicia y Paz fue innovador y permitió avanzar en el esclarecimiento de la parapolítica y otras formas de crimen organizado. No obstante, su implementación ha sido incompleta: existen procesos judiciales aún abiertos y retos estructurales para cerrar todos los casos, hecho que ha motivado la creación de otros marcos legales, como el impulsado en el gobierno de Santos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.