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Si regresan las aspersiones aéreas a cultivos ilícitos, el Gobierno debe diseñar un sistema de control de riesgos, dice una ponencia.
La ponencia fue elaborada por el magistrado de la Corte Constitucional Aquiles Arrieta, que ya se la entregó a dos de sus colegas de tribunal para estudio.
El documento, cuyos detalles son revelados por Semana, plantea, por ejemplo, que se evalúen los riesgos que tiene la aspersión aérea de glifosato para el medio ambiente y las personas.
Además, dice que debería haber un “proceso participativo y técnicamente fundado” para evaluar esos riesgos, cita Semana.
En ese sentido, dice la ponencia, debe haber una consulta previa a las comunidades étnicas, cuando se considere que las aspersiones las afectan de forma directa, añade la revista.
Arrieta, sin embargo, considera que los estudios sobre los posibles daños a la salud que trae el glifosato tienen vacíos: “No permiten conocer exactamente qué tipos de afectaciones a la salud puede causarse ni de qué severidad serían las mismas. Tampoco el grado del daño en distintos niveles de exposición”, añade la ponencia, citada por Semana.
Cabe recordar que desde octubre de 2015 el Gobierno suspendió las aspersiones aéreas con glifosato para erradicar cultivos ilícitos.
Dicha decisión respondió a una recomendación del Ministerio de Salud que dijo que el herbicida es “probablemente carcinogénico” para los seres humanos. Para emitir ese concepto, la entidad se basó en una investigación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
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