Madre sentenciada por homicidio: su silencio y omisión permitieron el fatal desenlace de su hija de 3 años

La justicia sentenció a una madre por homicidio agravado tras confirmar que permitió y encubrió el trágico fin de su hija de 3 años. Según reveló la Fiscalía General de la Nación, la mujer no solo fue testigo, sino que su inacción fue determinante para la muerte de la menor, quien sufrió reiteradas agresiones en su propia casa, ubicada en el barrio Belén Miraflores. La pequeña, bajo el cuidado de su madre y su padrastro, vivió una situación de maltrato que, con el paso del tiempo, fue escalando hasta cobrarse su vida.

El fatídico día, el padrastro —entonces patrullero de la Policía Nacional— propinó fuertes golpes a la niña, provocándole lesiones internas de tal gravedad que pusieron en riesgo inmediato su vida. Pese a conocer la magnitud de las heridas desde temprano, la madre no actuó con diligencia: ocultó lo sucedido y demoró más de ocho horas en llevar a la menor al hospital. Esta decisión, de acuerdo con la Fiscalía, selló el final de la pequeña, para quien la ayuda llegó demasiado tarde.

La investigación judicial, ampliamente documentada por el ente acusador, incluyó testimonios, informes y el dictamen forense realizado por Medicina Legal. Este dictamen determinó que la causa del deceso fue un trauma cerrado de abdomen, consecuencia directa de la violencia recibida aquel día en la vivienda familiar. Durante el proceso, la madre intentó, sin éxito, sembrar dudas entre los profesionales de la salud sobre el origen de las lesiones, recurriendo a relatos inconsistentes acerca de los hematomas y heridas que cubrían el cuerpo de su hija.

Los análisis del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fueron contundentes: el maltrato no era un hecho aislado, sino un patrón continuo de abusos físicos cuyo conocimiento y la falta de intervención por parte de la progenitora la hicieron legalmente corresponsable. Tampoco fue la primera vez que la menor era víctima de golpes; ya existían antecedentes de agresiones recientes, sobre las cuales la madre nunca intervino para garantizar su seguridad o bienestar.

La sentencia actual no solo refleja la gravedad de la violencia infantil, sino también la relevancia de la omisión cuanto se trata del deber de proteger a menores. El excompañero sentimental de la acusada, autor material de los golpes, ya purga una condena equivalente en prisión. La justicia, en este caso, expuso que la complicidad silenciosa y la omisión ante el sufrimiento de la niña configuran una responsabilidad penal tan grave como el acto violento en sí mismo.

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para quienes, como la madre en este caso, omiten actuar ante el maltrato infantil?

Esta interrogante cobra especial relevancia a partir del fallo judicial, pues el deber de protección hacia los menores de edad implica no solo abstenerse de agredir, sino intervenir ante cualquier forma de violencia. La ley colombiana establece responsabilidades claras para padres, cuidadores y adultos a cargo, y sanciona todas las formas de complicidad, ya sea activa o pasiva. La omisión, en estos contextos, puede tipificarse como participación en el delito y conlleva penas severas, tal como quedó demostrado en este caso.

La reflexión sobre el deber de cuidado y las obligaciones legales de los responsables a cargo de niños y niñas no solo interpela a la justicia, sino a la sociedad entera, en la urgente necesidad de proteger a los menores y denunciar cualquier indicio de abuso o negligencia en su entorno.