Periodista colombiana exiliada enfrenta acoso judicial transnacional: FLIP alerta por su seguridad

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció recientemente un nuevo caso de acoso judicial en contra de la periodista colombiana Lorena Beltrán, quien actualmente se encuentra exiliada por motivos de seguridad. Según la organización, este hostigamiento legal no solo ha persistido, sino que además ha traspasado las fronteras nacionales e impacta directamente en el país donde Beltrán reside actualmente, alertando sobre el alcance transnacional de dichas acciones.

Desde septiembre de 2025, la situación de Lorena Beltrán ha sido gravemente complicada por una serie de procesos judiciales interpuestos por médicos que fueron objeto de sus investigaciones periodísticas. Estos galenos fueron señalados por, presuntamente, ejercer como cirujanos plásticos en Colombia sin contar con los requisitos legales pertinentes. La periodista, de acuerdo con el comunicado de la FLIP, fue blanco de al menos cuatro acciones de tutela, lo que creó una presión constante sobre su trabajo y su entorno personal, obligándola, finalmente, a abandonar el país.

El episodio más reciente se registró el 31 de diciembre de 2025, cuando Beltrán fue notificada en su nuevo país de residencia acerca de un proceso judicial promovido por uno de los doctores que ya había iniciado acciones legales en Colombia. Esta notificación dejó en evidencia, de acuerdo con la FLIP, un patrón sostenido y sistemático de persecución judicial hacia la periodista. Ante la convocatoria judicial, Beltrán acudió el 3 de enero de 2026 a la dirección señalada, y se le comunicó que debe comparecer ante una corte extranjera el 27 de enero. Allí, recibió un expediente de 55 páginas con graves acusaciones, incluyendo presunto acoso, discriminación por orientación sexual y hasta intento de homicidio.

La FLIP ha emitido un rechazo enfático a estas imputaciones, advirtiendo que carecen de sustento material y constituyen, en palabras de la fundación, señalamientos desproporcionados con el aparente objetivo de intimidar y desacreditar a la periodista. Para la organización defensora de la libertad de prensa, las tácticas utilizadas intentan desviar la atención de los hallazgos investigativos realizados por Beltrán.

Otro aspecto alarmante que ha expuesto la FLIP es que la localización precisa del domicilio de Lorena Beltrán en el extranjero supone una vulneración grave de su privacidad y pone en riesgo su seguridad. La exposición de datos personales y sensibles, recalca la organización, representa una modalidad de persecución que podría derivar en hechos aún más peligrosos y se convierte en una advertencia inequívoca para otros periodistas, al tiempo que mina el deber de informar sobre asuntos de interés público.

El caso, en opinión de la FLIP, no solo constituye un ataque judicial, sino que se inscribe como una forma específica de violencia hacia una mujer periodista. El acoso judicial, en este contexto, utiliza estereotipos de género y busca represaliar el ejercicio de la labor informativa, por lo que la FLIP ha solicitado a la Corte Constitucional que reconozca la sistematicidad y gravedad de estos patrones. Además, ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue de manera exhaustiva y bajo un enfoque de género, implementando medidas reforzadas de protección para la comunicadora.

Finalmente, la FLIP advierte que el uso abusivo de instrumentos legales para silenciar a quienes ejercen el periodismo no afecta solo a Lorena Beltrán, sino que amenaza el derecho de la sociedad a la información, limita la vigilancia ciudadana sobre temas fundamentales y debilita la función democrática de los medios de comunicación.

¿Por qué el acoso judicial representa una amenaza para la libertad de prensa?

El acoso judicial, entendido como el uso repetitivo o desproporcionado de procesos legales para amedrentar a periodistas, constituye un riesgo no solo para quienes ejercen directamente la labor informativa, sino también para el derecho de la ciudadanía a recibir información verificada e independiente. En muchos casos, este tipo de hostigamiento busca agotar emocional y económicamente a los comunicadores para limitar la investigación de temas sensibles o de interés público.

La preocupación expresada por organizaciones como la FLIP radica en que este fenómeno tiende a crear un efecto inhibidor: otros periodistas pueden verse limitados a la hora de investigar asuntos controversiales por temor a represalias judiciales. Así, la libertad de prensa, pilar fundamental de la democracia, se ve erosionada por el abuso de recursos legales como herramienta de censura y silenciamiento.