¿Una crisis sin salida? Petro propone la liquidación de EPS intervenidas y sacude el debate en salud

La gestión del sistema de salud colombiano vuelve a situarse en el epicentro del debate nacional, tras las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros. El mandatario puso sobre la mesa una posibilidad legal, pero potencialmente riesgosa: la liquidación de las entidades promotoras de salud (EPS) que actualmente están bajo intervención estatal. Según Petro, sería preferible liquidarlas, sustentando su idea en el reciente concepto emitido por el Consejo de Estado. Este alto tribunal, a petición del Ministerio de Salud, aclaró que las aseguradoras pueden emplear la unidad de pago por capitación (UPC) para saldar deudas antiguas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. La UPC son los recursos que financian la atención de los afiliados a las EPS.

Sin embargo, la interpretación del presidente dista de la precisión jurídica del concepto. El Consejo de Estado estableció una posibilidad, no una obligación, por lo que las EPS no tienen que emplear necesariamente los fondos actuales para cancelar pasivos anteriores, aunque hacerlo no sea ilegal. De acuerdo con lo expuesto en el texto, Petro criticó abiertamente el modelo asegurador vigente, tachándolo de fracaso y sosteniendo que sus indicadores de salud no muestran mejora significativa en la última década.

El trasfondo de esta discusión está marcado por la crisis financiera y reputacional que afecta a las EPS intervenidas. Actualmente, ocho de estas entidades, que agrupan a 22,8 millones de afiliados (el 43,5 % de la población), se encuentran bajo administración del Estado. A raíz de sus palabras, Petro insinuó que recaería en el pueblo colombiano el pago de deudas generadas por malas prácticas y desvió de fondos en el pasado, situación que calificó como una “estafa al Estado”.

Este escenario incrementa la incertidumbre que viven tanto los usuarios como los actores del sector salud. La presidenta de Acemi (la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), Ana María Vesga, explicó a EL COLOMBIANO que la intervención sobre una EPS busca corregir sus indicadores financieros y de atención. Si no hay mejoría, la liquidación aparece como única salida, ya que según Vesga, las aseguradoras intervenidas presentan un patrimonio negativo de 14 billones de pesos, cifra que difícilmente se revertirá sin inversión externa, prácticamente descartada en el contexto actual.

A pesar de que la vía de la liquidación es una alternativa, Vesga cuestiona por qué no se ha aplicado todavía y por qué surge ahora este planteamiento desde la Presidencia. Relata además que no existen actualmente EPS con la capacidad suficiente de absorber a los millones de afiliados que serían desplazados en caso de disolución de estas empresas.

El caso de la EPS Sanitas, que aumentó sus pérdidas en un billón de pesos tras su intervención, ilustra los riesgos de este tipo de maniobras. El economista de la salud, Paúl Rodríguez, consultado por el diario, subrayó que si bien la intervención suele anteceder la liquidación, en este caso la intervención llegó cuando la situación financiera no era insalvable, lo que hace aún más compleja la toma de decisiones y el futuro de los afiliados.

Cuando una EPS se liquida, lo habitual es que sus usuarios sean reasignados a otras entidades según su ubicación y la capacidad de cobertura regional. No obstante, Rodríguez recuerda antecedentes como la liquidación de Saludcoop en 2016 y la posterior desaparición de las aseguradoras que recibieron su población, calificando un agravamiento de este proceso, en las condiciones actuales, como “un desastre de proporciones bíblicas”.

Resta saber si las declaraciones del presidente Petro representan una directriz concreta, una estrategia de presión o un comentario surgido en el calor del debate público. La respuesta dependerá de las próximas decisiones gubernamentales y del desenlace de la crisis financiera del sector.

¿Qué significa que una EPS esté intervenida?

La intervención de una entidad promotora de salud (EPS) tiene lugar cuando el Estado, a través de sus organismos de control, detecta que la entidad presenta problemas graves en sus indicadores financieros o en la calidad del servicio, lo cual pone en riesgo la atención de sus afiliados. En estos casos, la Superintendencia de Salud toma el control administrativo de la EPS con el objetivo de corregir las deficiencias encontradas y garantizar el acceso a los servicios médicos.

Esta medida no implica necesariamente la liquidación inmediata de la EPS, sino que busca darle la oportunidad de recuperar su viabilidad. Si durante el periodo de intervención las condiciones no mejoran, el Estado puede optar por la liquidación, lo que conlleva el traslado de sus usuarios a otras EPS. Este proceso es crucial para proteger los derechos de los afiliados y buscar la estabilidad del sistema de salud.