Violencia en aumento: lideresas sociales en Colombia enfrentan un riesgo sin precedentes y respuesta insuficiente

Durante la conmemoración del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo presentó el informe “Lideresas en riesgo”. Este documento evidencia cómo las violencias contra lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia han persistido, e incluso se han agravado, especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia. El diagnóstico fue construido a partir del seguimiento de 92 recomendaciones elaboradas en 2022 en el marco del programa ProDefensoras, iniciativa conjunta de ONU Mujeres (Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer), la Embajada de Noruega y la Defensoría. Allí se expone la magnitud de la problemática: en 2024, 231 mujeres fueron asesinadas en los departamentos mencionados, territorios históricamente afectados por estructuras de violencia, presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y una insuficiente reacción institucional. Estos homicidios se incrementaron a 638 entre enero y agosto de 2025, lo que representa un alarmante aumento del 176%.

Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, subrayó la importancia de que cada mujer tenga garantías plenas para ejercer su liderazgo sin temor, ni estigmatizaciones, en una sociedad donde la democracia sea posible. Las estadísticas del informe ofrecen detalles por zona: en Cauca, los homicidios aumentaron de 67 a 112 entre 2024 y 2025; en Nariño, de 38 a 119; mientras que en Antioquia, la cifra subió de 110 a 379. En Chocó, aunque hubo una reducción de 250 en 2024 a 224 en 2025, el riesgo permanece alto.

La Defensoría relaciona estos ciclos de violencia con la reconfiguración armada, actos de violencia basados en género empleados como estrategia de control, y los efectos desproporcionados sobre mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, jóvenes y de la comunidad LGBTIQ+. Así mismo, la ausencia estatal y el debilitamiento de liderazgos femeninos facilitan escenarios de mayor riesgo y exclusión. Durante la presentación, Marín Ortiz manifestó el deber de rendir tributo a quienes han transformado su entorno pese a la violencia, la desigualdad y la discriminación, y recordó a las lideresas que han debido abandonar sus causas debido a la amenaza o pérdida de la vida.

Un aspecto particularmente relevante del análisis es la falta de avance en las medidas propuestas para mejorar la situación: solo el 6% de las recomendaciones ha sido implementado a cabalidad, el 42% sigue pendiente, el 38% muestra cierto progreso y un 14% no evidencia avance alguno. Falencias estructurales como la desarticulación institucional, medidas de protección poco adaptadas a contextos rurales y étnicos, alta rotación en los funcionarios y escaso presupuesto debilitan la respuesta estatal.

El informe urge a las autoridades a asumir un compromiso real, priorizando el enfoque de género y la participación efectiva de las lideresas en la formulación de estrategias de protección, así como en el acceso a la justicia y la consolidación de derechos económicos y sociales. La Defensora enfatizó que proteger a las lideresas sociales constituye una base fundamental de la democracia y llamó a las autoridades nacionales y locales a garantizar este objetivo. Esta crisis interroga sobre el compromiso estatal para revertir una tendencia que amenaza la democracia y la equidad social en Colombia.

¿Qué significa interseccionalidad y por qué es central en la protección de lideresas?

La palabra “interseccionalidad”, citada en el informe de la Defensoría, se refiere a la comprensión de que las mujeres defensoras de derechos humanos pueden estar expuestas simultáneamente a diferentes formas de discriminación y riesgo, derivados de su origen étnico, orientación sexual, edad, condición rural o migrante, entre otras características. Según el análisis citado en los documentos de la Defensoría del Pueblo y apoyado por ONU Mujeres, el enfoque interseccional permite diseñar medidas de protección más ajustadas a la realidad de cada lideresa, evitando soluciones generalistas o ineficaces ante contextos complejos y heterogéneos.

Este enfoque resulta relevante porque la violencia que enfrentan las lideresas no solo se debe a su actividad de defensa de derechos, sino también a otros factores asociados a su identidad y posición social. Reconocer esa “superposición” de riesgos ha sido clave en el diagnóstico sobre la ineficacia de muchas políticas de protección existentes, y es por ello que el informe insiste en la urgencia de que las respuestas estatales sean integrales y participativas, acomodándose a las necesidades reales de las mujeres más vulnerables o marginadas.