Lideresa sospecha de seguimientos ilegales del CTI y teme terminar como "falso positivo"

Danelly Estupiñán, una de las promotoras del paro cívico del 2017 en Buenaventura, fue denunciada por personas a las que fotografió cuando la seguían.

De acuerdo con El Espectador, la mujer fue llamada a conciliar por supuesta injuria y calumnia contra dos hombres que serían presuntos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI).

Estos alegaban su derecho al buen nombre diciendo que habían sido señalados por ella de hacerle “seguimientos y vigilancias”, pero también “responsabilizándolos de cualquier situación de riesgo en contra de su vida, por lo cual solicitan la rectificación (…), pues niegan cualquier actividad en ese sentido”.

Estupiñán sostiene que en sus denuncias nunca mencionó a ningún particular, pero deduce cuatro cosas a partir de esta denuncia, según lo publicado por ese diario: la primera es que se habría roto la cadena de custodia de las pruebas que proporcionó, y, por ende, la segunda es que los supuestos investigadores pudieron acceder a las fotos con las que ella evidenciaba que la seguían y se identificaron en ellas.

En tercer lugar, siguiendo al mismo medio, esto demostraría que quienes la seguían sí son miembros del ente investigador, pero, además, como en contra de la mujer solo existe la denuncia por injuria y calumnia, su abogado, Alberto Bejarano, infiere que “esos seguimientos son ilegales”.

El Espectador revisó las identidades de los denunciantes y confirmó que al menos uno sí aparece como funcionario de la Fiscalía e incluso dice haber sido “detective investigador experto” del desaparecido DAS. La Fiscalía, por su parte, no confirmó ni negó que sean agentes, pero sí negó que se haya roto la cadena de custodia.

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Entre los hechos denunciados por la lideresa, detallados por el periódico, hay también amenazas por medios electrónicos, además de los varios movimientos de vehículos que se estacionan frente a su domicilio o en las cercanías, sin que nadie suba ni baje de los mismos, corroborados incluso por el esquema de seguridad que posee como persona protegida.

Aunque dice que “esos seguimientos pueden materializarse en un falso positivo judicial”, el hecho de que también habrían estado siguiendo a su hija, de 14 años, le hace pensar que podría ser un plan para asesinarla.