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Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria en la noche de este lunes 22 de diciembre. Señalan al Eln de instrumentalizar a comunidades.
Dieciocho militares del Ejército Nacional fueron dejados en libertad después de permanecer retenidos durante cerca de 48 horas en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.
(Vea también: Crisis en Chocó: comunidad indígena retiene a 18 soldados y reaviva debate sobre seguridad en Colombia)
La liberación se produjo luego de una asonada protagonizada por comunidades indígenas, mientras los uniformados adelantaban operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el resguardo La Puria, según informó Blu Radio.
De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cuando las tropas desarrollaban labores de control territorial y seguridad en una zona con presencia activa de ese grupo armado ilegal. Durante la operación, un grupo numeroso de personas rodeó a los militares, impidió su movilidad y los trasladó al interior del resguardo indígena, donde permanecieron bajo custodia.
Pedro Sánchez sostuvo que las comunidades habrían sido instrumentalizadas por el Eln con el objetivo de frenar las acciones de la Fuerza Pública en el área. Según las autoridades, esta estrategia busca utilizar a la población civil como mecanismo de presión para limitar el accionar estatal en corredores estratégicos del grupo armado.
Durante el tiempo que duró la retención, los militares se mantuvieron sin armas para evitar confrontaciones y preservar su integridad física, en un contexto de alta tensión y riesgo de escalamiento del conflicto.
La liberación se logró mediante una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de autoridades locales y líderes comunitarios. La intervención permitió una salida negociada que garantizó el regreso seguro de los uniformados, sin que se presentaran enfrentamientos.
Tras conocerse el desenlace, el Gobierno nacional rechazó lo ocurrido y reiteró que no existen territorios vedados para la Fuerza Pública, subrayando que este tipo de acciones vulneran la misión constitucional del Ejército y afectan la seguridad de la población civil.
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