Polémica y poder: así se disputó la rectoría de la Universidad del Atlántico y su millonario presupuesto

La reciente designación de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029 representa un episodio controversial tanto a nivel institucional como político. Esta universidad, uno de los principales centros de educación superior de la región Caribe, administra anualmente un presupuesto que supera el medio billón de pesos, convirtiéndose en una de las instituciones educativas públicas más poderosas del país según información interna de la universidad y recogida por El Espectador. Barrios fue elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU), en una votación en la que cinco de los nueve consejeros decidieron en su favor, y tras haber contado con el decidido respaldo de Fuad Char, figura emblemática del poder político regional y líder del partido Cambio Radical. Hasta ahora, Barrios ha ejercido como secretario de Educación del Atlántico y exconcejal, además de haberse presentado como un gestor con experiencia en el sector público.

La designación, sin embargo, quedó empañada por la controversia y la protesta de varios actores clave del proceso. Según documentos oficiales y reportes de El Espectador, el proceso de elección se vio alterado por la salida del Ministerio de Educación y de los representantes de exrectores y profesores, quienes se retiraron de la sesión extraordinaria en la que se debía votar al nuevo rector. Esta protesta se debió, esencialmente, a la ausencia de respuesta frente a las recusaciones interpuestas por la Procuraduría contra algunos de los aspirantes, entre ellos el propio Barrios, y la decisión de la mayoría del CSU de avanzar con la votación a pesar de las objeciones formales.

Adicionalmente, persistieron cuestionamientos relacionados con los requisitos para optar al cargo. El Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, advirtió que existían denuncias provenientes de organizaciones sindicales como SINTRAUDEA, que ponían en duda la suficiencia de la experiencia directiva y docente universitaria de Barrios, un requisito fijado por el estatuto general universitario. A esto se suman denuncias y tutelas interpuestas por la validez de la postulación de Barrios, así como solicitudes de claridades elevadas por el Ministerio el 23 de octubre, las cuales no fueron resueltas antes de la designación.

Frente a este panorama, el nombramiento tuvo lugar pese al retiro oficial de representantes y al señalamiento de irregularidades en el proceso. Posteriormente, Barrios manifestó públicamente su compromiso por una universidad incluyente y de reconocimiento académico, tal como lo compartió a través de sus redes sociales.

Este episodio adquiere una dimensión claramente política si se toma en cuenta la notoria rivalidad entre fuerzas regionales –representadas por los Char– y el gobierno central. Según informa El Espectador, la lucha por la rectoría de la Universidad del Atlántico se enmarca en una pugna de poder donde el control de un presupuesto comparable al de ministerios nacionales convierte este cargo en un fortín estratégico de cara a las elecciones presidenciales.

Por el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido un pronunciamiento sobre posibles acciones frente a la polémica designación, lo que mantiene el ambiente de incertidumbre en la comunidad universitaria y en el debate público regional.

¿Por qué el cargo de rector de la Universidad del Atlántico es tan disputado políticamente?
La importancia política que rodea la elección del rector de la Universidad del Atlántico radica principalmente en la magnitud de su presupuesto anual, que supera los quinientos mil millones de pesos, cifra que incluso es mayor al de algunos ministerios como el de Ciencia. Esta cantidad de recursos convierte al cargo en un espacio de poder atractivo para los principales clanes políticos de la región Caribe, quienes ven allí la posibilidad de consolidar influencia a nivel local y nacional. Dicha realidad explica por qué la disputa ha involucrado figuras como el clan Char y ha llamado la atención del gobierno central.

Además, en un contexto preelectoral, quien controle la rectoría dispone de recursos, proyección y visibilidad para impactar procesos sociales y educativos, de ahí que el proceso sea observado con atención tanto por sectores académicos, como por actores políticos y la opinión pública.