Colombia activa ley seca y cierre de fronteras: así serán las reglas para las elecciones del 8 de marzo

El Gobierno Nacional de Colombia ha anunciado una serie de disposiciones destinadas a salvaguardar la normalidad y la transparencia durante la próxima jornada electoral del 8 de marzo, en la que se celebrarán tanto las consultas interpartidistas como la elección de miembros del Congreso de la República. De acuerdo con declaraciones recogidas por Noticias Caracol, los preparativos están avanzados y se centran en la elaboración del decreto de orden público, el cual fijará las pautas de seguridad para toda la nación durante este proceso democrático.

Uno de los aspectos más destacados consiste en la imposición de la ley seca, medida ratificada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta restricción contempla la prohibición tanto de la venta como del consumo de bebidas alcohólicas en todo el país, iniciando a las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y concluyendo a las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo. La determinación busca garantizar la tranquilidad ciudadana y reducir la posibilidad de incidentes asociados al consumo de alcohol durante el desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, el control en las fronteras nacionales constituye otro eje central de la estrategia de seguridad. El ministro Benedetti indicó que el cierre de fronteras está programado para el viernes 7 de marzo. Sin embargo, persiste el análisis sobre el horario preciso, con dos alternativas en discusión: mediodía o las 6:00 p. m. La decisión definitiva atenderá tanto a la necesidad de preservar el orden público como a las preocupaciones de los comerciantes fronterizos, quienes advierten sobre el impacto económico que implica una clausura prolongada. El cierre se mantendría hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m., según lo expuesto por el funcionario a Noticias Caracol.

Para clarificar los tiempos, se establece que la ley seca tendrá lugar desde la tarde del 7 de marzo y finalizará en la mañana del 9 de marzo, mientras que el cierre fronterizo coincidirá en inicio con la ley seca, aunque la hora exacta está aún por definir. Adicionalmente, a partir del lunes 2 de marzo y hasta el lunes 9 de marzo de 2026, las reuniones políticas únicamente podrán desarrollarse en espacios cerrados. Desde el jueves 5 de marzo, el Ministerio del Interior dispondrá de enlaces en cada uno de los 32 departamentos y en la capital del país para acompañar y coordinar la organización de los comicios.

De igual modo, el Gobierno señalizó acciones para supervisar el proceso electoral en el exterior. El 4 de marzo en Bogotá se convocará un Puesto de Mando Unificado (PMU) enfocado en el seguimiento de los comicios fuera del país, en coordinación con la Procuraduría y la Registraduría, así como delegados militares y civiles de alto rango. Dicho esquema organizacional forma parte de las acciones preventivas para anticipar y mitigar cualquier contingencia que pudiese surgir dentro del periodo electoral.

¿Por qué es necesario instaurar la ley seca durante la jornada electoral?

La pregunta sobre la necesidad de la ley seca en elecciones aparece con frecuencia en el debate público nacional. Según lo señalado por el ministro del Interior y recopilado por Noticias Caracol, esta restricción busca crear un ambiente de calma social y evitar alteraciones del orden público relacionadas al consumo de alcohol, un factor que históricamente ha aumentado el riesgo de episodios de violencia y comportamientos que podrían afectar el normal desarrollo de la jornada democrática. La medida, incluida dentro del decreto de orden público, representa una herramienta preventiva reconocida en contextos electorales de países como Colombia.

En consecuencia, la implementación de la ley seca se adopta a modo de precaución. Así, se prioriza la seguridad de los votantes y la integridad del proceso electoral mediante la reducción de circunstancias que favorezcan desórdenes o incidentes. Esta acción, junto al cierre de fronteras y la supervisión reforzada en la organización de los comicios, configura la respuesta estatal para proteger la legitimidad y la tranquilidad durante un evento que define el rumbo político del país.