Colombia hace historia: nueva ley protege a huérfanos de feminicidio y marca un hito en América Latina

Con la promulgación de la Ley Huérfanos por Feminicidio, Colombia lidera un paso histórico no solo en la esfera nacional, sino también regional. Esta norma marca un hito al visibilizar y atender a una de las víctimas más olvidadas de la violencia de género: los hijos e hijas que sobreviven al feminicidio. A través de un enfoque de protección integral, la legislación busca transformar el duelo y abandono de estos niños, niñas y adolescentes en oportunidades concretas de restitución y apoyo por parte del Estado, avanzando así en el reconocimiento de dimensiones estructurales de la violencia de género.

Según cifras del Observatorio de Feminicidios, en 2025 se han registrado hasta el momento 389 feminicidios en Colombia, resultando en 218 menores huérfanos. Estas alarmantes cifras se inscriben en una tendencia persistente: sólo entre enero y abril de este año se documentaron 123 casos consumados y 79 intentos, reflejo de una problemática social que trasciende la esfera privada y afecta profundamente los núcleos familiares. La ley surge como respuesta a una exigencia ciudadana liderada por la representante Juliana Aray Franco, quien, tras un proceso de diálogo con las comunidades afectadas, consolidó una propuesta definida como “nacida del dolor”, cuyo objetivo es romper el ciclo de desigualdad que agrava las secuelas del feminicidio en las generaciones siguientes.

El articulado de la ley contempla un conjunto de medidas orientadas a garantizar derechos fundamentales e impedir la continuidad del daño. Destacan el apoyo económico periódico para menores de los grupos A, B y C del Sisbén IV, la prioridad en el acceso a educación, salud y atención psicosocial, así como la asistencia jurídica gratuita y la prohibición legal de que el feminicida administre recursos destinados a los menores. La creación de un Registro Nacional de Beneficiarios y de una estrategia de atención intersectorial permitirá, por primera vez, un seguimiento sistemático y transparente del fenómeno, a cargo de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los Ministerios de Educación y Salud, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Desde la perspectiva latinoamericana, la ley colombiana se destaca por ser la primera en la región en abordar de manera específica y diferenciada la protección de los huérfanos de feminicidio. Si bien naciones como México, Argentina o Chile cuentan con políticas de prevención y atención para víctimas de género, estas rara vez consideran el impacto particular sobre los menores de edad, lo que convierte a Colombia en un referente potencial para futuras iniciativas regionales, como señala ONU Mujeres y el Observatorio Regional de Violencia.

Esta visión pionera se apoya además en estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se advierte que la orfandad por feminicidio genera mayor riesgo de pobreza, exclusión educativa y afectación de oportunidades laborales futuras para los menores, lo que amenaza con perpetuar ciclos de violencia y desigualdad. Con este telón de fondo, el enfoque de justicia restaurativa, la atención psicosocial prioritaria y la administración pública transparente se configuran como pilares fundamentales de la respuesta estatal, de acuerdo con recomendaciones de UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Mental colombiano.

Expertos en infancia y derechos humanos resaltan la importancia de asegurar que las promesas de la ley se reflejen en políticas estables y coordinadas, evitando la invisibilización y fragmentación institucional que históricamente ha caracterizado este tipo de problemáticas. Así, la Ley Huérfanos por Feminicidio no solo constituye un acto de memoria y justicia hacia las víctimas directas, sino también una apuesta por reconstruir los tejidos sociales vulnerados, explicitar la obligación ética y legal del Estado y reparar integralmente los derechos de las nuevas generaciones de colombianos afectados.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es el feminicidio y cómo se diferencia del homicidio común?

El concepto de feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por razones de género, es decir, por el hecho de ser mujer, y suele estar mediado por contextos de violencia machista, discriminación o desprecio hacia las mujeres. La diferencia principal respecto al homicidio común radica en el móvil y las circunstancias: el feminicidio implica la existencia de motivos de odio, poder o control sobre la víctima debido a su identidad de género, con frecuencia acompañado de patrones previos de violencia o abuso. En Colombia, esta tipificación busca visibilizar la dimensión estructural y social de este tipo de crímenes, permitiendo la adopción de políticas públicas y penas específicas.

Reconocer el feminicidio como una figura penal diferenciada ha permitido fortalecer la investigación judicial y el acompañamiento a familiares y sobrevivientes. Además, esta clasificación ha contribuido a la generación de estadísticas, insumos para la prevención y modelos de reparación integral ante casos de extrema violencia de género, elementos fundamentales para leyes como la de Huérfanos por Feminicidio.

¿Qué es el Sisbén IV y cómo beneficia a los huérfanos de feminicidio?

El Sisbén IV es la cuarta versión del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en Colombia. Es una herramienta que clasifica a la población colombiana de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, permitiendo focalizar los subsidios y ayudas estatales a quienes más lo necesitan. Los grupos A, B y C del Sisbén IV corresponden a personas en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad, respectivamente.

En el contexto de la Ley Huérfanos por Feminicidio, la inclusión prioritaria de los menores en estos grupos garantiza que reciban apoyo económico periódico y acceso preferente a servicios sociales esenciales. Esta medida busca protegerlos de la desprotección social generada por la pérdida de la madre y asegurar su desarrollo integral a pesar de condiciones adversas, reforzando el compromiso estatal con la equidad y la justicia social.