¿Por qué es importante definir competencias entre los diferentes niveles de gobierno? Asfixia que tiene en vilo estabilidad económica

Las regiones han presentado cifras acerca del grave déficit financiero en sectores primordiales.

Colombia necesita una Ley de Competencias que garantice una distribución adecuada de la carga administrativa y de los ingresos tributarios. Sin embargo, esta Ley Orgánica, condición establecida por la reforma al Sistema General de Participaciones, tiene a las entidades territoriales aún en vilo; pues el proyecto presentado por el gobierno Petro al Congreso – en 2025, a pocos días del plazo máximo establecido- se hundió en la pasada legislatura debido a múltiples inconformidades técnicas, legales y presupuestales.

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Sin embargo, la obligación de avanzar en esta formulación no se acaba con el actual gobierno, ahora el reto es para Abelardo De La Espriella.

Y es que el panorama actual exige acciones contundentes, de acuerdo con cifras reveladas por las regiones, a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), muestran la insostenibilidad económica del sistema presupuestal del Estado, ya que Colombia es un país que gasta cada vez más en funcionamiento, aumenta su servicio a la deuda y reduce sus recursos de inversión.

Un Estado que cuesta más de lo que invierte

Y es que, según las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 2025 el gasto público nacional alcanzó el 22,7 % del PIB, mientras que la deuda neta llegó al 58,5 % del PIB y la deuda bruta al 64,4 %.

De acuerdo con un análisis realizado por la FND, en un plazo de diez años el Estado pasó a gastar 1,5 veces más en funcionamiento por cada peso que invierte. Es decir, en 2015, por cada peso que se destinaba a inversión $2,6 se destinaban a funcionamiento, mientras que en 2025 por cada peso destinado a inversión se gastó $4,1 en funcionamiento (lo cual se traduce en un uso del 62% del presupuesto nacional en burocracia). Esto evidencia un aumento en el aparato burocrático central, y una reducción en la inversión en las regiones.

En contraste con este panorama, en 2025 los departamentos, por cada peso destinado a funcionamiento, destinaron $6.5 pesos a Inversión. En el caso de la Nación esta relación es de $0,25. El esfuerzo de los territorios genera desarrollo y transformación y movilidad social que influye directamente en el cierre de brechas sociales.

Un contraste de 10 años

Para ver cómo han cambiado las prioridades y la sostenibilidad del gasto es necesario tener la perspectiva en el tiempo. El panorama ha sido planteado por la Federación Nacional de Departamentos, quien reveló cifras que exponen la evolución a través de 10 años. Así las cosas:

2015
• Presupuesto: $366 billones de pesos.
• Funcionamiento: $207 billones de pesos.
• Servicio a la deuda: $80 billones de pesos.
• Inversión: $78 billones de pesos.
• Relación funcionamiento / inversión: $2,6.

2025
• Presupuesto: $523 billones de pesos (aumento del 43%).
• Funcionamiento: $328 billones de pesos (58,5 % más).
• Servicio a la deuda: $113 billones de pesos (41,3 % más).
• Inversión: $83 billones de pesos (6,4% más).
• Relación funcionamiento / inversión: $4,1.

Vea el gráfico completo a continuación:

En definitiva, las cifras presentadas por las regiones dejan al descubierto un modelo centralista insostenible: mientras la burocracia Estatal y la deuda absorben la mayor parte de los recursos, la inversión pública para las regiones permanece estancada en los mismos niveles de hace una década.

Esta disparidad reafirma que el problema no es la disponibilidad de los recursos, sino una arquitectura administrativa que prioriza el gasto de funcionamiento sobre las necesidades reales del desarrollo territorial, asfixiando la capacidad de respuesta en las entidades territoriales que siguen dependiendo de las transferencias que les hace el Gobierno central y que son altamente restrictivas debido a su destinación específica. Actualmente la Nación administra más del 80 % de los recursos fiscales que se generan y recaudan en las entidades territoriales.

En este escenario, la definición de la Ley de Competencias que reforma al Sistema General de Participaciones se consolida como un factor determinante para la viabilidad fiscal de Colombia, para la autonomía fiscal y administrativa de las entidades territoriales y para generar una inversión con pertinencia y oportunidad.

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De la reglamentación que resulte de estas iniciativas dependerá la capacidad del Estado para reequilibrar la distribución del gasto público entre el nivel central y las entidades territoriales, cumplir con la Constitución Política de 1991 e implementar un modelo de descentralización que corrija las inequidades territoriales acumuladas en la última década producto del centralismo.