Ley anticapuchos avanza en la Cámara: comisión aprueba sanciones por ocultamiento de identidad en protestas

La denominada ley anticapuchos superó su primer y decisivo filtro en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde fue aprobada con 20 votos favorables frente a 2 en contra, después de que se negara una propuesta para archivar el proyecto. La ponencia positiva, elaborada por Jaime Arizabaleta del partido Centro Democrático, fue respaldada principalmente por los representantes oficialistas, de acuerdo con lo reportado por El Espectador. El proyecto consta de cuatro artículos y su objetivo central es “sancionar la utilización del ocultamiento de identidad para facilitar la comisión de acto vandálico en el contexto de manifestaciones públicas”.

Durante el debate, la oposición intentó archivar la iniciativa, pero la votación no le favoreció, siendo negada por 21 votos contra 15. Posteriormente, la ponencia fue aprobada por 21 votos a favor y 4 en contra. En el marco de la discusión, la representante Laura Beltrán, del Pacto Histórico, manifestó que la propuesta pretendía “criminalizar la protesta social”, planteando así uno de los puntos de mayor controversia en torno a la ley. Según el texto presentado, el ocultamiento de identidad se define como el uso intencional de “prendas, máscaras, pasamontañas elementos u otros medios similares destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona con ocasión a la comisión de acto vandálico”.

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, aclaró que el articulado no criminaliza la protesta pacífica ni prohíbe el simple uso de capuchas, sino que penaliza a quienes se escudan en el anonimato para delinquir y vandalizar. Frente a esto, Gabriel Becerra, también de la oposición, insistió en que el debate sobre la protesta social no debe reducirse al uso de capuchas, sino que exige una discusión más amplia sobre las garantías a los manifestantes.

El nuevo delito que plantea el proyecto se incorporaría a la Ley 599 de 2000 bajo el nombre de “acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad”. Quien incurra en esta conducta se enfrentaría a penas que oscilan entre 54 y 96 meses de prisión, además de multas entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para José Gregorio Orjuela, del Centro Democrático, el uso de capuchas en las protestas es una herramienta para delinquir, por lo que ve justificada la creación de este tipo penal. El documento aprobado también busca modificar el artículo 353A de la misma ley, aumentando las sanciones a quienes obstruyan vías públicas y, con ello, perjudiquen derechos fundamentales como la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué contempla la ley anticapuchos sobre el ocultamiento de identidad en protestas?

La ley anticapuchos, según lo aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, establece como delito el ocultamiento deliberado de la identidad —mediante prendas, máscaras o pasamontañas— para facilitar actos vandálicos en manifestaciones públicas. Así, se pretende sancionar penalmente a quienes cometan delitos amparados en el anonimato, sin prohibir el uso de esos elementos per se si no hay delito.

¿Cómo afecta la ley anticapuchos a la protesta social y cuáles son las penas propuestas?

El debate señala posturas divergentes sobre el impacto de la ley en la protesta social; mientras la oposición sostiene que podría criminalizar la movilización, los impulsores aseguran que solo penaliza acciones delictivas acompañadas de ocultamiento de identidad. Las penas contemplan prisión de 54 a 96 meses y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes para quienes sean hallados responsables bajo este nuevo delito.