Proyecto de ley anti-cepo busca frenar el acoso judicial contra periodistas y líderes sociales en Colombia

En el Congreso de la República fue presentado recientemente un proyecto de ley conocido como ley anti-cepo, cuyo objetivo principal es fortalecer las garantías para periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos frente al hostigamiento judicial. De acuerdo con la información de El Espectador, el documento fue radicado por los congresistas Gabriel Becerra (miembro del movimiento Pacto Histórico) y Jennifer Pedraza (de Dignidad y Compromiso), quienes trabajaron conjuntamente con Ana Bejarano, abogada, columnista y miembro de la organización El Veinte. Según manifestaciones de Pedraza, esta iniciativa pretende establecer límites claros a quienes utilizan el sistema judicial como herramienta para intimidar, debilitar y silenciar voces críticas dentro de la sociedad.

El proyecto plantea reformas al Código General del Proceso y a la Ley 906 de 2004, enfocado en otorgar nuevas herramientas judiciales para contrarrestar el acoso judicial. De acuerdo con el representante Becerra, el texto describe y define el acoso litigioso, permitiendo a los jueces emitir sentencias anticipadas que pongan fin a demandas infundadas o reiteradas, consideradas como intentos de censurar asuntos de interés público sin respaldo probatorio suficiente o a través de conductas temerarias. En caso de comprobarse el abuso del sistema, la parte responsable deberá pagar las costas procesales y una multa correspondiente a 30 salarios mínimos mensuales, además de facultar a la Fiscalía para archivar actuaciones penales consideradas dentro de este tipo de acoso.

La propuesta tiene antecedentes en el Congreso colombiano. En 2021, Rodrigo Lara presentó un proyecto similar sustentado en las leyes anti-SLAPP (siglas en inglés de ‘Strategic Lawsuit Against Public Participation’, demandas estratégicas para obstruir la participación pública) que existen en regiones como Europa, Norteamérica y Australia. Estas leyes buscan proteger el ejercicio de la libertad de expresión y la denuncia de irregularidades, tanto por parte de la prensa como de otros actores sociales.

Aunque el texto ya había sido presentado en el pasado, incluso durante la legislatura anterior a cargo de los mismos promotores, no pudo avanzar por cuestiones de trámite legislativo. Según destacó Bejarano, la iniciativa podría ser crucial para periodistas locales, comunitarios y para mujeres y personas defensoras de derechos que carecen de respaldo institucional o recursos económicos, pues ofrecería garantías en contextos de denuncia y protección de derechos fundamentales.

De tener éxito en su tránsito por el Congreso, la ley se aplicaría desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y podría imponer sanciones económicas a quienes sean identificados como promotores del acoso litigioso. Pedraza destacó que esto pondría un tope y una barrera frente a quienes recurren a grandes bufetes de abogados con la intención de intimidar y silenciar a quienes defienden la opinión pública o denuncian irregularidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de ley anti-cepo radicado en el Congreso de la República?

El proyecto de ley anti-cepo busca cambiar el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004 para fortalecer la protección de periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos que sean víctimas de acoso judicial. Propone que los jueces puedan identificar y frenar la utilización indebida del sistema judicial para censurar o silenciar opiniones, mediante sentencias anticipadas y multas económicas.

¿Qué significa el término acoso litigioso según la propuesta presentada?

De acuerdo con lo señalado en el texto del proyecto y citado por El Espectador, acoso litigioso es cualquier acción promovida en la justicia con el fin de censurar debates de interés público, sin pruebas válidas o de forma temeraria, utilizando el sistema legal para intimidar o silenciar expresiones legítimas. Esta definición permitiría a los jueces intervenir desde el inicio de los procesos para detectar y sancionar tales conductas.