Implementación de la Ley 2492 de 2025 genera incertidumbre laboral entre inspectores de Convivencia en Aguachica y Valledupar

La aplicación de la Ley 2492 de 2025, que introduce modificaciones laborales para los inspectores de Convivencia y Paz, se ha convertido en un tema de constante discusión en municipios como Aguachica y Valledupar. Según un inspector consultado por EL PILÓN, los funcionarios siguen a la espera de que la Alcaldía implemente los cambios prometidos en materia de condiciones y remuneraciones laborales. La fuente enfatizó que la lucha por estos ajustes comenzó incluso antes de la aprobación de la ley y que, a pesar de gestiones y control político con dependencias de Hacienda, Gobierno y Jurídica, no se han concretado respuestas.

Uno de los pasos que ha dado la administración municipal de Aguachica ha sido la contratación de un estudio técnico para modernizar la institución y evaluar la planta de personal. De acuerdo con documentos revisados por EL PILÓN, el contrato 228-2026, firmado el 7 de septiembre y adjudicado a Jorge Luis Sequeira Cueto por $148.036.000 (IVA incluido), tiene una duración de tres meses contados desde el acta de inicio. El objetivo del estudio incluye evaluar funciones, perfiles, cargas de trabajo y el manual de funciones, además de analizar aspectos financieros y proponer una nueva estructura organizacional. Sin embargo, el contrato no menciona de manera explícita la Ley 2492, ni define puntos concretos sobre el ajuste de cargos de inspectores, lo que deja incertidumbre en los funcionarios respecto a la verdadera aplicación de los cambios.

El panorama se complica al considerar un reciente fallo judicial emitido el 24 de febrero de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Aguachica, que declaró nulo el Decreto 728 de 2015 sobre el manual de funciones y el Decreto 194 de 1999 que fijaba la escala salarial. Según la sentencia, el manual fue expedido basándose en normativas ya derogadas y el decreto de salarios sobrepasó las competencias que le correspondían al alcalde, ya que definir remuneraciones es tarea del Concejo Municipal. El juez otorgó un año, a partir de la ejecutoria de la sentencia, para que la Alcaldía formule un nuevo manual y escala salarial.

Por su parte, la Alcaldía comunicó que estaba a la espera de los lineamientos nacionales tras consultar al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), argumentando que estos orientarán la correcta aplicación de la Ley 2492. Sin embargo, los inspectores, mediante recurso de reposición y apelación, sostienen que la ley no condiciona su entrada en vigor a la expedición de conceptos del DAFP y piden una acción inmediata.

A estas demandas se suma la preocupación frente a rumores sobre la supresión de inspecciones rurales, lo cual, según el inspector, afectaría gravemente la atención a comunidades y la capacidad de acción en zonas alejadas, especialmente si la Policía no apoya sus tareas.

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¿En qué consiste la Ley 2492 de 2025 según los inspectores de Aguachica?

De acuerdo con declaraciones recogidas por EL PILÓN y documentos de la Alcaldía de Aguachica, la Ley 2492 de 2025 establece nuevos parámetros para las condiciones laborales, funciones y estructura salarial de los inspectores de Convivencia y Paz. Sin embargo, los inspectores afirman que la plena implementación de la norma aún no se ha dado y cuestionan el retraso en la aplicación de estos ajustes.

¿Qué funciones debe cumplir el estudio de modernización contratado por la Alcaldía?

El contrato, documentado por EL PILÓN, establece que el estudio técnico contratado debe evaluar las funciones, perfiles, carga de trabajo y condiciones actuales de la planta de personal, revisar el manual específico de funciones y competencias laborales, realizar un análisis financiero y proponer modificaciones en la estructura organizacional. No obstante, el contrato no especifica cómo aplicará la Ley 2492 ni los detalles de los ajustes salariales y de cargos para los inspectores.