Las reservas de Amnistía Internacional sobre el acuerdo con las Farc

Uno de los factores principales para una paz duradera y sostenible dependerá en gran medida de si las autoridades pueden garantizar una verdadera justicia para las millones de personas víctimas de desapariciones, homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y tortura,”

dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.

Para que cualquier proceso de paz sea efectivo, las autoridades deben garantizar que todas las personas a las que se les presuponga responsabilidad penal en violaciones de derechos humanos son llevadas ante la justicia”,

afirmó en un comunicado.

Estas han de ser procesadas en juicios justos ante tribunales civiles, agregó, y a su vez el Estado debe “garantizar que se adoptan medidas integrales para garantizar la seguridad de los grupos y comunidades que corren mayores riesgos”.

Para AI, el acuerdo específico en torno a los derechos de las víctimas, completado y hecho público a finales del pasado año, establece “mecanismos que deben implementarse para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Pero hay “serias dudas” de que estos sean garantizados “en la práctica de conformidad con lo dispuesto en el derecho y las normas internacionales”, indicó.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó un cese al fuego definitivo con las Farc a partir del próximo lunes 29 de agosto, lo que cierra un conflicto armado de más de medio siglo en el país.

El conflicto se ha caracterizado por “homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, toma de rehenes, tortura y delitos de violencia sexual” perpetrados por todas las partes, recordó AI.

Muchas de estas violaciones y abusos contra los derechos humanos no se han dado en el contexto del combate directo entre las fuerzas de seguridad y los grupos guerrilleros, sino que han sido motivadas por factores económicos vinculados a la explotación de tierras ocupadas”,

apuntó la ONG.

Por ello, el organismo destacó que hay un “riesgo elevado” a que “estos crímenes no cesen tras la firma del acuerdo”.

Este jueves Santos entregó al Congreso el acuerdo de paz para que ponga en marcha la convocatoria del plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre y en el que los colombianos tendrán la oportunidad de refrendarlo o rechazarlo.

Las Farc no iniciarán el proceso de desmovilización y desarme hasta que el acuerdo esté firmado oficialmente, y éste se pondrá en marcha de forma progresiva a lo largo de los siguientes seis meses.

Las dos partes anunciaron el miércoles en Cuba que, tras casi cuatro años de conversaciones de alto nivel, habían llegado a un acuerdo sobre los principales asuntos pendientes.

Con EFE