¿Influencia política o mérito? Keyner Sanmartín, el penalista de El Copey que llega al poder en la Presidencia

Keyner Sanmartín Mariotys, abogado oriundo de El Copey, es el nuevo asesor externo en materia penal para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), según confirmó EL PILÓN. Su llegada a la Casa de Nariño representa una oportunidad para una región históricamente alejada de las altas esferas del poder central, ya que Sanmartín es egresado de la Universidad Popular del Cesar (UPC), lo que refuerza la presencia de profesionales provincianos en el Ejecutivo nacional. La designación no solo responde a su perfil académico y profesional, sino también a su cercanía con Juliana Guerrero, la figura cesarense que ha ganado influencia en el entorno inmediato del presidente Gustavo Petro.

La relación de amistad entre Sanmartín y Guerrero ha sido motivo de comentarios y atención mediática, especialmente después de que ambos fueran vistos como invitados especiales del alcalde Assad Raish durante los recientes carnavales de El Copey. Según EL PILÓN, esta cercanía ha sido un factor clave en la integración del abogado al equipo de asesores de la Presidencia, reconociendo la capacidad de incidencia que tiene Guerrero en la designación de funcionarios destacados.

No obstante, el nombramiento de Sanmartín ha provocado reacciones encontradas en el departamento de Cesar. Mientras que algunos celebran el reconocimiento de un profesional local en un cargo de relevancia nacional, otros expresan inquietudes y suspicacias por las afinidades políticas y personales del abogado, algunas de ellas vinculadas a figuras de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro. Estas tensiones reflejan el ambiente de debate que suele caracterizar los nombramientos en la esfera pública cuando las alianzas personales coinciden con el ejercicio del poder.

Sanmartín ha firmado un contrato por 11 meses con el DAPRE, asumiendo la responsabilidad de apoyar en el análisis y revisión de los asuntos jurídicos derivados de las funciones de la directora y la Secretaría General de la Presidencia. Su labor estará enfocada principalmente en temas penales, donde su experiencia previa resulta relevante.

La trayectoria de Sanmartín conjuga el servicio público y el ejercicio privado. Durante el segundo semestre de 2024, colaboró con la Alcaldía de Valledupar como acompañante jurídico en procesos penales para la Secretaría General. Más recientemente, en 2025, integró la firma Caballero Sierra Abogados Litigantes S.A.S., desempeñándose en defensa y asesoría penal. Este recorrido lo posiciona como un profesional experimentado en el campo jurídico, especialmente en el ámbito penal, cumpliendo con los requisitos y capacidades exigidos para su nuevo rol en el Gobierno nacional.

El contexto que rodea la designación de Sanmartín invita a reflexionar sobre el papel que juega la procedencia regional y las redes de confianza personal en la configuración de los equipos de gobierno. Si bien su experiencia jurídica es comprobable, la influencia de actores clave en su nombramiento evidencia los matices que confluyen en la estructura de poder dentro de la Casa de Nariño. En medio de celebraciones regionales y discusiones políticas, la presencia de Sanmartín en la Presidencia en calidad de asesor penal ilustra la complejidad del equilibrio entre méritos profesionales y dinámicas de confianza política en el país.

¿Qué funciones tiene el DAPRE dentro de la Presidencia de la República?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) es la oficina encargada de apoyar directamente al despacho presidencial en la gestión administrativa y en la coordinación de los asuntos prioritarios del Gobierno nacional. Según el contexto del artículo, sus responsabilidades incluyen el análisis y revisión de los diferentes temas jurídicos derivados de las funciones de la directora y la Secretaría General de la Presidencia, áreas en las que ahora Sanmartín prestará asesoría.

La importancia del DAPRE radica en su capacidad para articular las acciones administrativas de la Presidencia, coordinar el trabajo interinstitucional y respaldar la toma de decisiones a nivel ejecutivo. Por ello, la incorporación de asesores jurídicos externos, como sucede con Sanmartín, resulta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta y el respaldo técnico en asuntos jurídicos estratégicos para la administración nacional.