Tribunal confirma condena de 28 años para José Miguel Narváez por el secuestro de Piedad Córdoba en Medellín
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Visitar sitioNarváez también permanecerá inhabilitado dos décadas para ejercer cargos públicos, según el fallo.
La justicia confirmó la condena de 28 años de prisión para José Miguel Narváez, ex subdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su responsabilidad en el secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999. Así lo ratificó el Tribunal Superior de Medellín, que también dejó en firme la inhabilidad de 20 años para desempeñar derechos y funciones públicas, tras resolver el recurso de apelación presentado por el abogado de Narváez contra una sentencia dictada el 6 de octubre de 2025. Según lo consignado en dicha decisión, Narváez tuvo un papel central en el secuestro al entregar grabaciones obtenidas de manera ilegal al jefe paramilitar Carlos Castaño, y fungió como ideólogo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo la doctrina del "enemigo interno", una visión que justificó durante años la persecución y eliminación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos en el país, de acuerdo con la sentencia divulgada por El Espectador.
El fallo de primera instancia fue emitido por la jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro. En su análisis, la jueza concluyó que desde el DAS, Narváez transmitió a las AUC información recolectada mediante interceptaciones telefónicas contra la congresista, sobre sus diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta información llegó a las autodefensas, que concretaron el secuestro. La sentencia enfatiza que Narváez indujo, promovió y determinó el secuestro ejecutado bajo la dirección de Carlos Castaño Gil, con quien mantenía una relación tanto ideológica como operativa.
El proceso evidencia la grave estigmatización sufrida por Córdoba, señalada incluso públicamente por Castaño como la "tesorera internacional del Eln". De acuerdo con la jueza Castro, esa persecución política, tanto desde el Estado como desde estructuras armadas ilegales, generó riesgos para la vida, integridad física y dignidad de la senadora y su familia, produciendo miedo y terror. Por su parte, Narváez argumentó en su defensa que no existieron testigos directos y que las pruebas en su contra eran indirectas. Sin embargo, la Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, destacó pruebas de reuniones y entregas de información de Narváez a Castaño con el fin de justificar la retención y posible asesinato de Córdoba.
El secuestro se produjo el 21 de mayo de 1999, cuando hombres disfrazados con uniformes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía interceptaron a Córdoba tras una cita médica en Medellín. Los responsables, pertenecientes a la banda La Terraza, la llevaron hasta un campamento del Bloque Central Bolívar en Córdoba. Fue liberada el 3 de junio de ese año. Los hermanos Castaño justificaron el plagio alegando vínculos de Córdoba con la guerrilla.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué fue condenado José Miguel Narváez por el secuestro de Piedad Córdoba?
José Miguel Narváez fue condenado porque, según la justicia, entregó información ilegalmente obtenida a grupos paramilitares y planificó el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. La condena se sostiene en las pruebas de su participación activa en la instigación del hecho, su papel como ideólogo dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, y su uso de la doctrina del "enemigo interno" para justificar la persecución política, de acuerdo con lo fallado por la jueza y confirmado por el Tribunal Superior de Medellín.
¿Cómo influyó la doctrina del "enemigo interno" en el caso del secuestro de Piedad Córdoba?
La doctrina del "enemigo interno" fue utilizada como justificación por el DAS y paramilitares para perseguir y atacar a quienes consideraban opositores, como en el caso de Piedad Córdoba. De acuerdo con la decisión judicial citada por El Espectador, esta visión facilitó la estigmatización y ataques sistemáticos a líderes sociales y políticos, lo que agravó la vulnerabilidad y riesgos para Córdoba y su entorno.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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