¿Escándalo en la UIS? La historia detrás de los contratos de Juliana Guerrero y el “cartel de diplomas”

Nación
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Nuevos contratos, diplomas polémicos y graves dudas sobre Juliana Guerrero: ¿qué reveló la Contraloría?

Juliana Guerrero ha protagonizado diversas controversias en Colombia, principalmente debido a su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro y su presunta implicación en el escándalo de la Fundación Universitaria San José, señalada por la supuesta emisión de títulos académicos fraudulentos. Su nombre volvió a aparecer recientemente en el debate público al descubrirse contratos firmados con la Universidad Industrial de Santander (UIS) para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, lo que ha despertado nuevos cuestionamientos en torno a la legalidad y transparencia de estos procesos, según detalló el medio El Colombiano.

De acuerdo con la Contraloría General de Santander, que difundió su informe luego de una denuncia del medio independiente Metropolitano, fueron identificadas posibles irregularidades en dos contratos celebrados en 2023 y 2024 entre Guerrero y la UIS. Dichos contratos se enmarcaron en un convenio interadministrativo entre la UIS y el Ministerio del Interior, una entidad con la que Guerrero mantiene vínculos, establecido para prestar soporte técnico y operativo a un programa nacional orientado al fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la prevención de conflictos.

El informe de la Contraloría resaltó que, aunque los contratos celebrados con Guerrero cumplen con los parámetros legales y están debidamente archivados, no existió evidencia objetiva que compruebe la ejecución efectiva de las tareas acordadas. Esta ausencia de pruebas materiales impidió que el organismo pudiese verificar a cabalidad la materialización de los servicios, lo que motivó la identificación de un presunto daño fiscal relacionado con el caso.

La Universidad Industrial de Santander intentó presentar su defensa ante las observaciones, pero el equipo auditor de la Contraloría mantuvo su postura inicial por la falta de documentos obligatorios. Además, si bien los supervisores de los contratos, Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes, certificaron el cumplimiento de las actividades en cuestión, los expedientes carecían de los productos o entregables concretos estipulados en los acuerdos.

Un factor adicional que llamó la atención de los auditores fue el manejo ambiguo de la terminología en los contratos, donde Guerrero fue catalogada como “persona natural y/o profesional”. La Contraloría señaló que esta ambigüedad podría haberse utilizado en favor de la contratista, dificultando la clarificación y verificación de sus obligaciones contractuales.

Cabía recordar que Juliana Guerrero había sido vinculada anteriormente con la presunta falsificación de sus títulos universitarios en la Fundación Universitaria San José. Ante la evidencia de que obtuvo su diploma sin haber presentado los exámenes Saber Pro —requisito indispensable para el título de educación superior en Colombia—, la institución le retiró los documentos concedidos.

El caso se intensificó cuando surgió su nombre como posible candidata al viceministerio de Igualdad en el actual gobierno. Paralelamente, El Colombiano documentó testimonios de individuos que habrían pagado hasta veinte millones de pesos por homologaciones académicas en la Fundación Universitaria San José y que actualmente enfrentan dificultades laborales al haberse revelado las presuntas irregularidades. Además, se identificaron facturas electrónicas de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) que demostrarían que el pago llegó directamente a la Fundación.

La congresista Catherine Juvinao denunció la existencia de un supuesto “cartel de diplomas” en la institución, identificando veinticuatro funcionarios con contratos que superan los mil cien millones de pesos en dieciséis entidades estatales. En muchos casos, los involucrados habrían recibido títulos “exprés” sin el cumplimiento de los exámenes legales, o presentando las pruebas Saber Pro solo meses después de graduarse, lo que enfatiza la magnitud y gravedad del problema expuesto.

¿Qué son las pruebas Saber Pro y por qué son obligatorias para la obtención del título universitario en Colombia?

La relevancia de las pruebas Saber Pro radica en su carácter de requisito legal e indispensable para la culminación de estudios superiores en Colombia. Estas evaluaciones, organizadas a nivel nacional, buscan medir las competencias y conocimientos adquiridos por los estudiantes en sus respectivas áreas, garantizando que quienes se titulan cumplen con los estándares mínimos exigidos por el sistema educativo. Ausentarse de estas pruebas, u obtener un título sin su presentación, constituye una irregularidad que puede acarrear la anulación del diploma.

En el contexto de las investigaciones alrededor de la Fundación Universitaria San José y la expedición de diplomas presuntamente falsos, eludir el proceso de las pruebas Saber Pro fue una de las faltas más señaladas por la Contraloría y por medios como El Colombiano, al demostrar que presuntamente varios funcionarios obtuvieron títulos sin esta certificación obligatoria. Los casos han derivado en procesos de fiscalización e incluso en la suspensión de documentos académicos, destacando la importancia de estos exámenes dentro del marco regulatorio colombiano.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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