Jueza Myriam Alcira Martínez López es enviada a prisión por presunta liberación irregular de extraditable neerlandés en Bogotá

Nación
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La audiencia de imputación se realizó tras la entrega de 600 millones de pesos según la Fiscalía.

Este 5 de noviembre, en una decisión que marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción judicial en Colombia, un juez de control de garantías ordenó el envío a la cárcel de Myriam Alcira Martínez López, quien se desempeñaba como jueza. El motivo, según la Fiscalía General de la Nación, fue presuntamente haber favorecido de manera irregular la libertad de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, un ciudadano neerlandés solicitado en extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. Junto a ella, fueron privados de la libertad Waldo Garavito Mejía, funcionario judicial, y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca, defensora del extraditable, de acuerdo con información de El Espectador.

Durante la audiencia de imputación, la fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción atribuyó a los tres los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. En lo que refiere a Martínez López, la Fiscalía le sumó el cargo de prevaricato por acción. Sin embargo, se conoció que ninguno de los tres procesados aceptó los cargos presentados por el ente acusador.

La investigación se originó por informes de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, centrados en posibles actos de corrupción judicial. De acuerdo con la Fiscalía, la abogada Herrera Cuenca habría contactado a los funcionarios judiciales para favorecer con un habeas corpus el proceso de Van der Voort. Se relata que el 14 de junio, Herrera Cuenca entregó 600 millones de pesos colombianos en efectivo a la jueza Martínez López, quien al día siguiente habría enviado una imagen de un formato de libertad con la información del ciudadano extranjero.

El proceso también reveló la presunta participación de Waldo Garavito Mejía, quien, según la Fiscalía, coordinó la radicación de la solicitud para que fuera atendida específicamente por el despacho de Martínez López. El mismo 14 de junio, ella concedió el recurso de habeas corpus y Jozef Van der Voort recuperó la libertad y salió de la cárcel La Picota en Bogotá, como lo indica el reporte del ente investigador. Más adelante se supo que la suma total del soborno llegó a 1.200 millones de pesos, aunque solo la mitad se habría entregado, sustentado en una fotografía capturada por el propio Van der Voort.

Frente a la legalidad de su decisión, la jueza argumentó que Van der Voort llevaba 109 días recluido sin que se resolviera su extradición, aun cuando existían advertencias tanto de la Fiscalía como del Ministerio del Interior sobre su falta de competencia en el caso y el respeto al debido proceso. Finalmente, la decisión de liberarlo fue revocada y el ciudadano neerlandés recapturado el 18 de junio. Los implicados fueron posteriormente capturados por la Dijín de la Policía Nacional en Cota (Cundinamarca) y Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue enviada a la cárcel la jueza Myriam Alcira Martínez López en el caso de Jozef Van der Voort?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la jueza Myriam Alcira Martínez López fue enviada a la cárcel por su presunta participación en la liberación indebida de Jozef Van der Voort, quien estaba solicitado en extradición por narcotráfico. Se le atribuyen los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, tras recibir pagos en efectivo para favorecer la libertad del ciudadano neerlandés a través de un habeas corpus.

¿Qué delitos se imputan en el caso por la liberación del ciudadano neerlandés solicitado en extradición?

Según la información proporcionada por la Fiscalía, los delitos imputados en este proceso incluyen cohecho propio y falsedad ideológica en documento público a los tres implicados, y adicionalmente prevaricato por acción a Myriam Alcira Martínez López. El cohecho propio hace referencia al acto de aceptar o solicitar sobornos en el ejercicio de funciones públicas, mientras que la falsedad ideológica en documento público implica la alteración o inclusión de información falsa en documentos oficiales.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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