Juez lloró mientras mandaba a prisión a 4 funcionarios por corrupción en San Andrés

Jair Torres Díaz, juez primero penal mixto, no pudo contener las lágrimas al revisar el expediente del desfalco que tiene tras las rejas a 2 exgobernadores.

Torres Díaz nació en San Andrés, y según le contó a El Tiempo, en la audiencia sintió dolor al saber que saquearon cerca de 120.000 millones de pesos en recursos de la isla y que hay altos funcionarios involucrados.

“Es cierto. Se me escurrieron un par de lágrimas al escuchar el monto del dinero involucrado. Aquí hay mucha pobreza. Con 120.000 millones de pesos se pueden hacer vías, colegios y centros de salud para la gente más pobre de la isla y no es justo que desvíe”, expresó el juez al periódico.

En un perfil que hizo ese medio sobre el recorrido de este juez se destaca que nació de una familia humilde, que estudió en la isla y que luego se fue para Cartagena a continuar con su formación universitaria en derecho.

Luego, regresó a su tierra natal y empezó a trabajar en un juzgado, y gracias a su buen desempeño logró ascender hasta el cargo que hoy lo tiene impartiendo justicia.

“No hay derecho a robarse el dinero de nuestra gente, lo digo como isleño, no como juez”, fueron las palabras que pronunció Torres este viernes, 19 de octubre, minutos antes de enviar a la cárcel a Zulema Conolly Quin, jefe de la oficina jurídica; Alejandro Lozano Bowie, secretario de infraestructura; Luis Albeiro Urrego Gaviria, supervisor de obras; Elizabel O’neill Newball, supervisora; y a los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua y Sergio Fabián Lever Whittaker, indicó la Fiscalía.

Por este mismo caso, la Fiscalía había pedido prisión para el suspendido gobernador de San Andrés, Ronald Housny Halle, y para la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, por la presunta apropiación de dineros públicos de contratos de la gobernación.

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía se destacan “testimonios de funcionarios de la Gobernación y contratistas, que habrían señalado la forma en que presuntamente se legalizó la salida de los dineros a cambio de la manipulación de licitaciones públicas, así como el tiempo, modo y lugar en que los funcionarios recibieron dichas sumas de dinero”, se lee en un comunicado del organismo acusador.