Imputan a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario de la Cancillería, por presuntas irregularidades en contrato de pasaportes en Colombia

José Antonio Salazar Ramírez, hasta hace poco secretario general de la Cancillería de Colombia, se suma al grupo de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro que enfrentan imputaciones formales asociadas a presuntos casos de corrupción. De acuerdo con información compartida por la Fiscalía, se le señala por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, tras investigar su participación en el controversial proceso de adjudicación del contrato para la producción de pasaportes colombianos, así como por adquirir bienes inmuebles de alto valor cuyo origen se encuentra, según el ente acusador, sin justificación posible.

El caso presenta paralelos directos con el proceso que involucra a su antiguo superior, el excanciller Álvaro Leyva Durán. De acuerdo con la Fiscalía, la raíz del escándalo se asienta en una serie de decisiones tomadas en septiembre de 2023. En ese momento, la Cancillería, dirigida por Leyva Durán, emitió tres resoluciones administrativas que determinaron el destino de un contrato estimado en 559.000 millones de pesos colombianos (COP), destinado a asegurar la producción y distribución de los pasaportes nacionales. Aunque un comité evaluador había sugerido a la empresa Thomas Greg & Sons como la más idónea para ejecutar dicho contrato, la licitación fue declarada desierta el 13 de septiembre, detenida por una primera resolución, y la posterior apelación de la empresa fue rechazada desde el despacho ministerial.

La situación escaló rápidamente el 14 de septiembre, cuando Leyva Durán firmó una declaratoria de urgencia manifiesta, lo que permitió otorgar el contrato de manera directa, dejando fuera a Thomas Greg & Sons. Según la Fiscalía, cinco meses más tarde, Salazar Ramírez intervino mediante tres nuevas resoluciones que revirtieron lo decidido, permitiendo de manera aparentemente irregular que Thomas Greg & Sons accediera finalmente al contrato. El ente acusador sostiene que, con estos actos, Salazar habría extralimitado sus funciones, ya que solo estaba autorizado para tareas de coordinación y administración, no para tomar decisiones de fondo de tal envergadura.

La investigación además puso la lupa sobre el patrimonio personal de Salazar Ramírez. El ente investigador señaló que, durante su tiempo como secretario general —entre agosto de 2022 y febrero de 2024—, Salazar adquirió tres propiedades rurales por un valor de 950 millones de pesos en Puerto López, Meta, sin que existan soportes financieros o bancarios que expliquen tales compras. Ante la imputación, el exfuncionario no aceptó los cargos planteados y la Fiscalía deberá avanzar con la acusación respectiva.

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¿Por qué fue imputado José Antonio Salazar Ramírez por el contrato de pasaportes?

La Fiscalía imputó a José Antonio Salazar Ramírez por presuntamente emitir resoluciones que favorecían de forma irregular a la empresa Thomas Greg & Sons en la adjudicación de un millonario contrato para la producción de pasaportes colombianos, señalando que excedió sus funciones al intervenir en decisiones que ya habían sido tomadas por su superior y por el comité evaluador.

¿Qué implica el delito de prevaricato por acción en funcionarios públicos?

En el contexto presentado por la Fiscalía, el prevaricato por acción implica que un funcionario público, como Salazar Ramírez, pudo haber tomado decisiones administrativas contrarias a la ley o a sus competencias, favoreciendo intereses particulares y afectando el proceso legal de contratación pública, lo que se traduce en una vulneración directa a la confianza y deberes del cargo.