Condenan a 16 años a recluso por brutal homicidio dentro de la cárcel San Bernardo en Armenia

El Juzgado 1 Penal del Circuito de Armenia sentenció a John Alexánder Rojas Rojas a una pena de 200 meses de prisión, lo que equivale a 16 años y 8 meses de cárcel, después de que reconociera su responsabilidad en el homicidio ocurrido dentro de la cárcel San Bernardo. El hecho, según el relato presentado por la Fiscalía General de la Nación y citado en la sentencia, tuvo lugar el 17 de enero de 2025 en el pabellón 2 de ese centro penitenciario. La víctima, Andrés Mauricio Hernández Rodríguez, fue acusada por otros reclusos de haber tomado una gaseosa sin permiso. En ese contexto de acusaciones dentro del recinto, Rojas Rojas retuvo por la fuerza a Hernández y lo condujo a otro sector del mismo pabellón.

En compañía de dos individuos más, Rojas propinó una golpiza a Hernández, atacándolo físicamente en diversas partes del cuerpo. Estos hechos violentos ocasionaron lesiones de gravedad extrema, por lo que la víctima debió ser trasladada de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, pese a la asistencia médica, Hernández falleció a causa del daño causado por la agresión, de acuerdo con lo documentado por el dictamen médico y los peritajes recopilados durante el proceso judicial. El diagnóstico final del personal forense concluyó que la muerte fue consecuencia directa de las múltiples lesiones sufridas y derivadas del acto criminal.

El expediente del juzgado recoge elementos probatorios como el acta de inspección técnica al cadáver, historias clínicas con información detallada de las heridas y los testimonios de varios internos que presenciaron el incidente y realizaron posteriormente reconocimientos fotográficos. Según los antecedentes que constan en el expediente, Rojas es oriundo de Armenia y nació en 1988. Ya contaba con condenas previas por delitos como hurto calificado y tráfico de estupefacientes al momento de los hechos, por lo que cumplía otra sentencia cuando participó en el homicidio dentro del penal.

Durante la audiencia de imputación, realizada en febrero, Rojas aceptó los cargos, lo que facilitó el desarrollo de una sentencia anticipada. A pesar de su allanamiento a los cargos, la normativa establece que debían comprobarse de manera sólida los hechos y su participación, apoyándose en los informes forenses, las actas de inspección y las declaraciones de los testigos.

El marco legal colombiano para el homicidio agravado fija penas entre 400 y 600 meses de prisión. No obstante, el tribunal determinó imponer la mínima, ya que no se presentaron circunstancias que agravaran aún más la conducta, y aplicó una reducción del 50 % de la pena por aceptación de cargos. Rojas también quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena. El juzgado rechazó la posibilidad de suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, debido tanto al tiempo de la condena como a los antecedentes judiciales del sentenciado. Ninguna de las partes apeló, por lo que la sentencia quedó en firme y el proceso será enviado a ejecución de penas, según lo detalló el medio Crónica del Quindío.

¿Por qué la aceptación de cargos puede reducir significativamente una pena?

En el contexto judicial colombiano, la aceptación de cargos se contempla como una figura que permite al acusado reconocer voluntariamente su responsabilidad por un delito antes de que este sea juzgado en un proceso largo. Esta confesión temprana ahorra tiempo y recursos al sistema judicial, aporta verdad procesal y puede evitar la revictimización de los afectados en casos delicados como el homicidio. Debido a estos factores, el Código Penal establece reducciones sustanciales en la pena impuesta a quien opte por esta vía.

Este mecanismo está sujeto a ciertas condiciones, como que la confesión se realice de manera libre y espontánea, y que exista material probatorio suficiente para sustentar la responsabilidad. Así, la reducción, que puede alcanzar hasta la mitad de la pena, busca incentivar la confesión responsable, siempre que no existan circunstancias agravantes adicionales o que la gravedad del hecho lo impida.