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La primera acusación que hará el alto tribunal a los jefes desmovilizados de esa guerrilla será por "toma de rehenes y graves privaciones de la libertad".
Los imputados serán Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
Siete de ellos serán acusados como “coautores mediatos de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio y de los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada cometidos por sus subalternos”, mientras que Catatumbo será el único que enfrente cargos como autor inmediato, detalló El Espectador.
Asimismo, el medio señala que “por responsabilidad de mando, algunos fueron acusados de torturas, violencia sexual y atentados a la dignidad personal“.
Un auto de la Sala de Reconocimiento de la JEP señala que pondrá a disposición de los exjefes de las FARC “los hechos y conductas determinados con el fin de que estos decidan si reconocen o no su responsabilidad“.
“El objetivo de esta providencia es verificar que existen bases suficientes para entender que los hechos aquí relatados efectivamente existieron; no son conductas amnistiables según el Acuerdo Final de Paz (…) y quienes fueron miembros del Secretariado participaron en estas conductas“, agregó la información.
El Espectador explica que los acusados tendrán 30 días para aceptar o rechazar los cargos, tiempo durante el cual podrán intervenir víctimas y Procuraduría. Luego de recibir respuestas, la Sala enviará sus conclusiones al tribunal que decidirá sus posibles condenas.
Las penas que se les podrían imponer dependerán de si reconocieron o no sus crímenes, indica el diario:
El alto tribunal convocó para este jueves una rueda de prensa en la que hablará sobre “el auto de hechos y conductas” de este caso y en la que se prevé que explique el alcance de estas imputaciones.
Se trata del primero de los siete “macrocasos” que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz. Este fue abierto el 4 de julio de 2018 y tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
También prioriza las “retenciones ilegales de personas por parte de las Farc principalmente entre 1993 y 2012”, investigación que abarca más de 9.000 hechos ocurridos durante esa época, aunque la JEP reconoce que no ha sido posible determinar un número exacto.
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