JEP imputa a 11 excomandantes de las Farc por crímenes graves de los Bloques Caribe y Magdalena Medio en el norte de Colombia

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de imputar a varios excomandantes de las extintas Farc por crímenes graves perpetrados por los Bloques Caribe y Magdalena Medio en diez departamentos situados en el norte y nororiente de Colombia. Esta medida hace parte de las investigaciones del Caso 10, que aborda sucesos considerados no amnistiables, y se conecta con el Caso 11, enfocado en violencias sexuales, reproductivas y de género. De acuerdo con información oficial de la JEP, estos hechos permanecieron en la impunidad bajo la justicia ordinaria.

Tal como precisa la JEP, "el pronunciamiento judicializa hechos que en la justicia ordinaria mantuvieron tasas de impunidad dramáticas", donde más del 95 % de los expedientes por estos delitos nunca llegaron a juicio y más del 72 % se quedaron en etapa de indagación preliminar, llegando incluso a un 100 % de impunidad en desplazamiento y desaparición forzada. Este proceso busca responder ante 733 víctimas reconocidas de los bloques mencionados, consistentes en campesinos, docentes, líderes sociales, comunidades religiosas y miembros de la fuerza pública, mientras que a la fecha se reconocen 4.647 víctimas acreditadas en total, según la JEP.

La imputación se dirige contra 11 exlíderes guerrilleros en cargos de dirección y operación dentro de las estructuras acusadas. Dentro de los nombres principales se encuentran Rodrigo Londoño ("Timochenko") y Pastor Lisandro Alape Lascarro ("Pastor Alape"). Otros procesados incluyen antiguos miembros asociados a los bloques, entre ellos Erasmo Traslaviña Benavides ("Jimmy Guerrero"), Pedro Trujillo Hernández ("Alberto Cancharina"), Jairo Reinaldo Cala Suárez ("Jairo Quintero"), y varios exintegrantes del Bloque Caribe, conocido igualmente como Bloque Martín Caballero. La JEP determinó que estos excomandantes tienen la mayor responsabilidad por crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, ataques contra civiles y bienes protegidos, así como tortura y violencia sexual, conductas señaladas como delitos no susceptibles de perdón judicial.

La investigación identifica dos patrones principales. El primero es el control social y territorial a través de violencia y persecución de presuntos colaboradores del enemigo, ejemplificado en masacres, asesinatos de docentes y religiosos, secuestros de autoridades locales y la utilización de la violencia sexual como castigo e intimidación. El segundo patrón abarca acciones durante combates, como tomas urbanas, emboscadas y atentados graves con explosivos, señalando casos emblemáticos por su afectación a la población civil y la infraestructura.

En el entorno procesal, los 11 excomandantes tienen plazo hasta el 8 de diciembre para manifestar si admiten o niegan los hechos y su responsabilidad. Además, existe una fecha límite al 8 de febrero de 2027 para aportar verdad amplia, especialmente sobre 54 personas cuyo paradero sigue desconocido. Si aceptan responsabilidad y contribuyen con la verdad, podrán acceder a sanciones restaurativas, contempladas por la JEP, que implican restricciones de la libertad pero no prisión. De no reconocer los hechos, el expediente irá a juicio, y podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué crímenes investigó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los Bloques Caribe y Magdalena Medio de las Farc?

La JEP investigó asesinatos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, ataques a civiles, destrucción de bienes protegidos, tortura, trato cruel, violación y violencia sexual cometidos por los extintos Bloques Caribe y Magdalena Medio. Estos delitos están ligados tanto a patrones de control social violento como a acciones armadas durante enfrentamientos, según el pronunciamiento oficial de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

¿Cuáles son las opciones legales para los excomandantes imputados por la JEP?

Los 11 excomandantes imputados pueden aceptar o rechazar su responsabilidad en los hechos. Si la reconocen y aportan verdad completa, accederán a sanciones restaurativas consistentes en restricciones de derechos y libertad, sin cárcel. Si no reconocen su responsabilidad, serán juzgados y podrían afrontar penas de hasta 20 años de prisión, conforme al proceso determinado por la Jurisdicción Especial para la Paz.