Histórica condena en Colombia: coronel Publio Mejía recibe 20 años de prisión por “falsos positivos”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo creado en el marco de los acuerdos de paz para investigar y sancionar graves delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano, emitió el 19 de diciembre de 2025 una histórica condena de 20 años de prisión contra el coronel en retiro Publio Hernán Mejía. El exoficial del Ejército fue hallado responsable de 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidos en Colombia como “falsos positivos”. Según informó El Espectador, esta decisión sienta un precedente, ya que Mejía es el primer alto mando acusado que, al rechazar su responsabilidad, es llevado a un juicio adversarial dentro del sistema transicional.

Durante el proceso, la defensa de Mejía había solicitado la nulidad del proceso y negó su responsabilidad, pero la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP desestimó el recurso y concluyó que existían pruebas contundentes para condenarlo por homicidio en persona protegida —figura usada para proteger a civiles no combatientes en conflictos armados—, desaparición forzada y tortura. Esta condena se da luego de un minucioso proceso judicial que incluyó audiencias dirigidas por la magistrada Reinere Jaramillo desde el 5 de agosto. A lo largo de estas diligencias, la JEP examinó la participación de Mejía en crímenes perpetrados por militares bajo su mando en el Batallón La Popa de Valledupar entre 2002 y 2005.

El caso hace parte del macrocaso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas, fraudulentamente, como bajas en combate por agentes estatales, comúnmente denominados “falsos positivos”. Este subcaso, denominado Costa Caribe, abarca 127 asesinatos cometidos de manera conjunta por paramilitares y militares del Batallón La Popa, según la información recogida por El Espectador. La dimensión del caso ilustra la complejidad y gravedad de los crímenes analizados por la justicia transicional.

Otros doce militares retirados ya habían sido sancionados por hechos similares en septiembre de 2025, pero, a diferencia de Mejía, aceptaron su responsabilidad y se beneficiaron de mecanismos alternativos de sanción. Mejía, junto a otros tres militares que tampoco asumieron culpa, enfrentan condenas equivalentes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reflejando la importancia que la JEP otorga a la aceptación de responsabilidad como elemento central del modelo transicional.

El historial judicial de Mejía incluye además dos condenas previas en la justicia ordinaria: una en 2013 por operar junto a paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y otra en 2017 por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambas relacionadas con la comisión de falsos positivos. Su tránsito a la JEP ocurrió en julio de 2021, cuando fue imputado por 35 eventos de ejecuciones extrajudiciales con un saldo de 75 víctimas, y su caso culminó en diciembre de 2024 tras doce audiencias presididas por la magistrada Jaramillo.

La condena de Mejía marca un punto de inflexión para el sistema de justicia transicional colombiano, mostrando la disposición de la JEP para enfrentar incluso a quienes rechazan la verdad sobre crímenes atroces. El proceso no solo reconoce el dolor de las víctimas, sino que reafirma el compromiso del Estado colombiano con la rendición de cuentas y el esclarecimiento de la verdad en el marco de las violencias del conflicto armado.

¿Por qué el reconocimiento de responsabilidad es fundamental en los procesos de la JEP?

El modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz está basado en el principio de verdad, justicia, reparación y no repetición, por lo que se otorgan beneficios jurídicos a quienes reconocen su responsabilidad, confiesan hechos y colaboran plenamente con el esclarecimiento de los crímenes. La aceptación de culpa, por parte de los comparecientes, facilita un proceso más reparador y menos punitivo, apuntando a la reconstrucción del tejido social y la satisfacción de los derechos de las víctimas.

No obstante, cuando los responsables niegan los hechos imputados, como sucedió con el coronel Mejía, el proceso se vuelve adversarial, equiparable a un juicio ordinario, donde las condenas pueden alcanzar hasta 20 años de prisión. De esta manera, el reconocimiento de responsabilidad no solo es una herramienta de verdad y reparación, sino que define el rumbo y las consecuencias judiciales dentro de la justicia transicional.