JEP condena a siete excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con secuestros
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Visitar sitioLa orden judicial obliga a los exjefes guerrilleros a cumplir trabajos restaurativos y restricciones rigurosas.
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una condena histórica contra siete integrantes del último Secretariado de las Farc, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta decisión llega una década después del acuerdo de paz, confirmando la responsabilidad penal de figuras como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, quienes lideraron la política sistemática de secuestro y toma de rehenes entre 1982 y 2016, según la sentencia citada por El Colombiano.
Los magistrados de la JEP responsabilizaron a los excomandantes de más de 21.000 secuestros, cometidos como parte de una estrategia destinada a financiar la guerra, negociar la liberación de prisioneros y controlar territorios. Las víctimas vivieron en condiciones infrahumanas: la sentencia describe torturas, violencia sexual y tratos degradantes que violaron gravemente su dignidad humana.
A diferencia de la primera instancia, la decisión final exige para los exlíderes sanciones efectivas e individualizadas, con restricciones de libertad, residencia y jornadas laborales durante cinco a ocho años. De acuerdo con la JEP, el cumplimiento de las penas se realizará mediante “sanción propia”, obligando a los sancionados a trabajos restaurativos y privándolos de derechos y libertades, bajo extensa supervisión judicial. Dicho cumplimiento no implicará prisión regular, sino que mezcla elementos restaurativos y retributivos: deben dedicarse a actividades como desminado humanitario, construcción de infraestructura y búsqueda de desaparecidos, respetando horarios y metas claramente definidas.
La sentencia nombra responsables a Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Jaime Alberto Parra (‘El Médico’), Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), Jorge Torres (‘Pablo Catatumbo’), Félix Antonio Muñoz (‘Pastor Alape’), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’) y Rodrigo Granda (‘Ricardo Téllez’). La JEP señaló que algunos de ellos no recibieron la sanción máxima por no haber participado en todas las políticas de secuestro o carecer de mando directo sobre la tropa.
Las sanciones tienen un enfoque reparador, respondiendo a propuestas directas de las víctimas. La ejecución involucrará seis líneas de acción, incluyendo construcción de obras públicas, restauración ambiental, limpieza de minas, apoyo a la memoria histórica y proyectos de vida para comunidades afectadas. Estas tareas se harán entre 2026 y 2034 en siete regiones del país, bajo la vigilancia de jueces especializados para garantizar que no sean simbólicas.
Para que la sanción cumpla su objetivo, el Gobierno Nacional debe financiar y garantizar la seguridad de los proyectos. El Estado podría incurrir en responsabilidad internacional si los procesos quedan en la impunidad, según se advierte en la sentencia de la JEP.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.¿Quiénes son los siete excomandantes de las Farc condenados por la JEP y cuáles fueron sus responsabilidades?
La JEP confirmó la condena a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, todos miembros del último Secretariado de las Farc. De acuerdo con la sentencia, fueron responsables de miles de secuestros y otros crímenes atroces, cometidos entre 1982 y 2016, en el marco de la política sistemática de la guerrilla para financiar sus operaciones y controlar a la población.
¿En qué consiste la “sanción propia” impuesta por la JEP a los exlíderes de las Farc?
La “sanción propia” es una forma de pena alternativa diseñada por la Jurisdicción Especial para la Paz. Implica trabajos restaurativos obligatorios para reparar a las víctimas, como desminado, construcción de infraestructura y búsquedas de desaparecidos, además de restricciones efectivas de libertad, residencia y horarios de trabajo. Todo ello está sujeto a la supervisión judicial, buscando garantizar que la condena sea efectiva, reparadora y verificable.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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